Riesgos a la seguridad nacional
La fragilidad de la situación económica de la mayoría de guatemaltecos que viven en la pobreza realmente constituye uno de los riesgos mayores a la integración social y la seguridad nacional. Ante el inminente cumplimiento de la promesa del próximo presidente de los Estados Unidos para reducir al máximo la inmigración ilegal, la vía de escape para miles de connacionales en búsqueda de mejor vida ante la falta de puestos de trabajo implica la pauperización de la población a un nivel que superará el 60% (porcentaje actual). Entre otros esto también hace previsible el aumento de la delincuencia común, así como el crimen organizado.
Si bien es cierto que este escenario no es producto coyuntural, sino una dinámica de muchos años, el problema real es que el gobierno central en la actualidad no presenta acciones concretas que tiendan a mejorar estas circunstancias, mucho menos una perspectiva de desarrollo de largo plazo. Seremos testigos del incremento de grupos marginales que no se presentarán manifestando frente a Casa Presidencial, sino el peligro de que la desesperación les obligue a actuar fuera de los marcos de la ley, mientras que otros tomarán la justicia por sus propias manos; sin mencionar el incremento de la desnutrición y el desplazamiento de vastos sectores de la población de manera desorganizada hacia los centros urbanos del país.
Recientemente renacieron las esperanzas de un incremento hacia cambios reales en la fuerza reconstituyente y la construcción de nuestra democracia basada en el imperio del derecho. Pero a menos de un año de la toma de posesión de las actuales autoridades, se evidencia un retroceso en las reformas del sector justicia y los cambios en el Congreso de la República. Las elecciones en la Corte Suprema de Justicia y la nueva Junta Directiva en el Congreso que ha manifestado sus dudasen la continuidad a las reformas constitucionales ya pactadas, los cambios de penas como es el caso del alcalde de Chinautla, la espera de los órganos de justicia para declarar la incapacidad de Ríos Montt y la continuidad del nepotismo, ponen en tela de juicio la legitimidad de la autoridad política.
El asesinato del joven trabajador de CALAS, la demanda en contra del Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Fiscal Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, en realidad no pueden verse como ajenos a los movimientos en la Corte Suprema de Justicia, en el Congreso y en particular del FCN y los intereses que representan. Vivimos en un punto de inflexión y es momento de que la ciudadanía exija la continuidad de los cambios, la depuración del Congreso y reclame al Ejecutivo acciones que permitan vivir dignamente a la mayoría de la población; o lo que nos espera es una regresión de tal magnitud que seremos una sociedad inviable. Evidentemente, o los ciudadanos actúan y vuelven a exigir justicia, transparencia y capacidad para salir adelante o el futuro no será tan claro. Tampoco se puede esperar a tocar fondo, pues de manera desafortunada y triste hemos observado la situación de Haití, país al cual nos parecemos cada vez más. En otras palabras, de continuar fortaleciéndose el antiguo régimen que condujo a nuestra democracia a convertirse en una mascarada lo que veremos es el incremento de la conflictividad social y una comunidad deplorable sumida en la violencia y la pobreza.
