La Reforma Constitucional

Por: Ingnacio Andrade

La Reforma de una Constitución Política de cualquier país del mundo se fundamenta en necesidades jurídicas,  de aclarar y modificar instituciones,  poner al día derechos fundamentales y otras.  Desde un punto de vista político, una reforma constitucional se da para resolver una crisis política que ha resquebrajado el Estado. Igualmente se da para responder a un clamor por esta reforma. Desde un punto de vista social, podría alegarse que la reforma constitucional del pluralismo jurídico quiere resolver aspectos derivados de la llamada conflictividad  del país. Finalmente,  porque en su finalidad,  la reforma va a hacer que el país funcione mejor que como estaba funcionando antes.

La reforma Constitucional del Pluralismo Jurídico que regularía el artículo 203 como se pretende modificar,  no  se justifica ni desde el punto de vista jurídico, político o social. Desde el punto de vista Jurídico,  se nos ha tratado de vender la necesidad de una reforma constitucional, (según reza la  propuesta de reforma presentada al Congreso de la República) sobre la base que debe adecuarse la constitución política al  Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y a la Declaración de Derechos de los Pueblos indígenas,  y  que debe ponerse de acuerdo con la Constitución Política con los fallos de la Corte de Constitucionalidad.

La justificación jurídica  es improcedente.  Cuando Guatemala ratificó el Convenio  169, estableció la reserva que el mismo no podía contravenir la Constitución Política de la República.  De hecho,  el artículo 8 y 9  del convenio establecen   el reconocimiento del sistema jurídico  indígena  en la medida en que  sea compatible  con la legislación nacional. La Declaración  de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas establece que cuando exista un sistema jurídico existe un deber del Estado  de promover,  desarrollar y mantener el mismo,  pero sí y solo sí,   no afecta o menoscaba la unidad del Estado,  su integridad territorial o  unidad política. La propia Corte de Constitucionalidad no ha previsto la necesidad de una reforma.

La actuación de la Corte de Constitucionalidad representa  corrientes en el derecho que son cambiantes. Constitucionalizar una tendencia en la Corte es desconocer y desnaturalizar su función. Desde el punto de vista político, no hay una crisis  política de Pluralismo Jurídico.   No existe un clamor por  su reconocimiento.  El pluralismo jurídico no constituye una necesidad de seguridad jurídica para la población.   Todo lo contrario,  en la forma en que se pretende regular el pluralismo jurídico,  la inseguridad jurídica aumenta significativamente.