Navidad sin juguetes
Por: Eduardo Weymann
La hiperinflación por la que está atravesando el pueblo venezolano, sin duda formará pronto parte de los textos de economía, no solo como un ejemplo más en la historia de los efectos de la monetización de grandes déficits fiscales, sino además por las medidas descabelladas y demagógicas adoptadas por el gobierno socialista de Maduro para, según ellos, contener el galopante incremento generalizado de precios.
Hace pocos días, el gobierno venezolano, a través de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), confiscó 4.7 millones de juguetes de la distribuidora Kreisel-Venezuela, acusando a esta empresa de acaparamiento y de sobrevaloración de precios. De acuerdo con la BBC, “Los juguetes decomisados … serán distribuidos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), con lo que el gobierno distribuye alimentos entre ciertos sectores y con un precio regulado por debajo del de mercado”, o sea, un quedar bien con sus bases clientelares en estas fiestas, a cambio de “un saqueo de inventario… que el gobierno ni siquiera respetó en cuanto al derecho de la compañía al debido proceso”, denunció a la cadena CNN Francisco Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Venezuela.
De acuerdo con la evaluación del tercer trimestre que hizo este año el Fondo Monetario Internacional sobre Venezuela, la economía de este país se va a contraer 10%, el desempleo cerrará en 2016 cercano al 20%, la inflación se incrementará al 720%, y en 2017 la inflación se proyecta que cerrara con el dantesco 2,200%, o sea una hiperinflación. Bajo estos parámetros, ¿qué instrumentos técnicos puede tener la SUNDDE para afirmar que hay sobre valoración de precios, en plena hiperinflación? ¡Ninguno!
El acelerado incremento de los precios en Venezuela se debe principalmente a razones monetarias, es decir, por el financiamiento del presupuesto del Estado venezolano a través de emisión monetaria -dada la caída de los precios internacionales del petróleo-, y no a través de ingresos tributarios. Es decir, son las autoridades públicas las que están precipitando este colapso económico, no los “especuladores” o los “acaparadores”. Pretender que los empresarios -y ahora hasta los niños- paguen el costo de un modelo económico populista, demagógico y represivo, más bien suena a arrebatos de último momento para oxigenar el régimen.
No hay escena, postal o historia de Navidad que no incluya un juguete. Pero peor aún, la angustia de los padres de familia en estas fechas se profundiza, no solo por dejar sin juguetes a los niños por un ruin Grinch, como cita CNN, “la escasez de alimentos básicos como el arroz, la harina y el pollo habitual y los hospitales se encuentran sumamente cortos de medicinas y suministros”, hace de cada día un verdadero infierno para la familia venezolana.
Estas lecciones son tema obligado de estudio para otros países. Preocupa, por ejemplo, como instituciones como la SUNDDE, se transforman con el tiempo como la verdadera violadora de los derechos socioeconómicos de una población. ¿Quién va invertir capital y generar puestos de trabajo, donde los precios los decide una institución, funcionarios públicos sujetos a presiones políticas y no el mercado? Si lo que se pretende son mejores precios y calidad, el camino es, sí y solo sí, más mercado, más competencia. Está más que demostrado.