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carlos-aldana

La educación constituye un derecho humano fundamental porque, entre otros rasgos, representa la posibilidad concreta, efectiva y cotidiana de luchar por los demás derechos. Alguien educado descubre la indignación por la injusticia, la desigualdad, las diferencias injustas. Y habría de esperar que uno de los efectos de su propio proceso educativo sea el de buscar transformar esas realidades, buscar la justicia y la dignidad en su propia historia y en la de los demás.

Pero sobre todo, la educación es un derecho por todo lo que representa o constituye en sí misma. No se trata de encontrar las aplicaciones o proyecciones utilitarias de lo educativo, puesto que hablamos del sistema de influencias que configuran a una persona, que la constituyen y le ayudan a alcanzar su plenitud. Es un derecho humano porque así está establecido y porque en su garantía y aplicación, el Estado asegura la integralidad de la vida de cada persona. Pero, ¿por qué entonces se le asume más como un servicio?

En la medida que creemos que lo mejor que pueda suceder en nuestra sociedad es privatizar la educación (con argumentos como “solo así aseguramos que todo niño, niña y joven se eduque”, o “solo así podremos tener calidad”, o “ya está demostrada la deficiencia de la educación pública”), en esa medida estamos acentuando a la educación como un servicio. Es decir, como algo que puede ser adquirido mediante un pago, como algo que expresa una correspondencia fija entre costo y calidad. Como algo que quien lo puede pagar lo tiene.

En esta lógica, la educación escolar de calidad solo puede ser ofrecida a esas jóvenes generaciones cuyos padres y madres tienen la capacidad económica para ello. Y en nuestro país está claro que esto reduce el margen de posibilidades. Al asumir que la educación es un servicio, entonces se establece más una relación de empresa y clientes, dirigida por la lógica del mercado. “Yo le garantizo actitudes, valores (y notas) si usted mantiene al día sus pagos”, parece ser una lógica que se impone.

Aunque está claro que muchas instituciones educativas de carácter privado hacen su mejor esfuerzo para contribuir al desarrollo de nuestro país, también está claro que muchas se construyen para ganar dinero y ahí no importa ni el desarrollo pleno, ni la formación, ni la creación de entornos para el desarrollo intelectual, emocional, espiritual y técnico de quienes se inscriben. Mis hijos han gozado de establecimientos de gran esfuerzo, ¿por qué eso no es posible para todo niño o niña?

La diferencia entre derecho y servicio se encuentra en que la primera posibilidad, todo niño, niña, joven y adulto debe y puede gozar de la vivencia educativa, con altos niveles de calidad y con efectos en su propia personal y colectiva. Mientras que si insistimos en el servicio, entonces lo reducimos a quienes pueden pagar. Esto niega la dignidad como eje central para el desarrollo y para la construcción de un país diferente.

Claro que es valiosa la aportación de muchísimas entidades privadas, de muchas maneras hemos estado y seguimos vinculadas a ellas. No se trata de que dejen de funcionar ni que se debiliten o algo por el estilo. Se trata, eso sí, de que no olvidemos que la educación es un derecho del que todo individuo debe gozar de manera completa. Que cuando vemos, en horarios escolares, a niños o niñas deambulando sin sentido o trabajando a tempranas horas de su vida, estamos frente al escenario de la negación de la vida plena, presente y futura.

 

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