RexTillerson: «que (en Guatemala) tengan acceso a un sistema de justicia funcional y justo»

Por: Pablo García

Las audiencias del Senado de Estados Unidos, para confirmar a los ministros del Gabinete, trajo consigo lo que el ahora confirmado nuevo Secretario de Estado, RexTillerson, busca hacer respecto a Guatemala, Centroamérica y la CICIG. La CICIG tiene programada una conferencia de prensa para hoy, a las 10:00 horas, en su sede de la zona 14 capitalina. Guatemala vive una era inquisitorial y de linchamientos legales sin precedentes, pese a que sigue vigente una Constitución republicana y un sistema acusatorio que protege las garantías constitucionales, el debido proceso y el derecho de defensa. Es nuestra República el bastión de la libertad, la propiedad privada, y el resto de derechos naturales y humanos protegidos por todos los guatemaltecos.

HABLAN DEL PAÍS COMO SI NO PODEMOS

En la Comisión que verifica a los candidatos para el nuevo gabinete del Presidente electo, Donald Trump, el Senado le hizo una pregunta específica al nuevo Secretario de Estado, RexTillerson, que tenía esta introducción, y al final una única pregunta: «Durante su mandato como excomandante del Comando Sur de los Estados Unidos, el general John F. Kelly habló repetidamente sobre el impacto corruptor del tráfico ilícito de drogas en las instituciones democráticas y el Estado de derecho en Centroamérica.

La Comisión Internacional de las Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo de la Organización de Estados Americanos contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) han desempeñado un papel crítico en la lucha contra la corrupción y la impunidad en estos países. Dada su respuesta afirmativa a la pregunta G.l. En el cuestionario del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y expresó su compromiso de apoyar los esfuerzos de los Estados Unidos a nivel mundial para hacer frente a la corrupción, si se confirma como Secretario de Estado, ¿se comprometerá a mantener un continuo apoyo político y financiero a CICIG y MACCIH?»

A lo que el nuevo Secretario de Estado, RexTillerson, respondió, bajo juramento, ante la Comisión del Senado de EE. UU., que «Sí, continuaremos apoyando la importante misión anticorrupción de la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras. También brindaremos asistencia extranjera a nuestros socios centroamericanos para ayudar a combatir la delincuencia y la impunidad, promover la seguridad pública, y asegurar que los ciudadanos de esos países tengan acceso a un sistema de justicia funcional y justo».

MUCHAS INCÓGNITAS SURGEN

Entonces, ¿Es la agenda estadounidense de guerra contra el narco y contra las migraciones, tema prioritario para el Sector Justicia y las Reformas Constitucionales? ¿Son los fallos en contra de las mineras, en contra de las hidroeléctricas, en los ojos de Estados Unidos «justicia funcional y justa? Y que, de los fallos a favor de los privilegios y convenios laborales, que actualmente ahogan las instituciones públicas, de los sindicatos y empleados públicos, ¿»justicia justa y funcional»?

Es un plan propuesto por el ex vicepresidente Joe Biden, que se supone va a reducir la violencia causada por ser el área de conflicto de la guerra que Estados Unidos, pelea contra el narco, el crimen organizado relacionado con las migraciones, y hasta el terrorismo. Hoy más que nunca, hay posibilidades de hablar de un genocidio causado por la guerra contra el narco, las extorsiones del crimen organizado y la violencia vigente, así como las muertes violentas que todos los días azotan a Guatemala, 94 mil homicidios y asesinatos desde la firma de la Paz, en 1996, más de los ocurridos durante todo el conflicto armado interno.

Para Guatemala, lo que busca Estados Unidos es que ya no haya tráfico ilegal de drogas y personas hacia el norte, y busca que los guatemaltecos ya no emigren ilegalmente hacia Estados Unidos. El plan requiere que Guatemala realice una inversión anual propia, de Q 5,474.4 millones, y Estados Unidos ayuda con US$209.4 millones (Q1,583.064 millones). O sea, por cada quetzal que Guatemala invierte, Estados Unidos invierte en sus campañas, patrocinios y conciertos de propaganda, Q0.2892. (veintinueve centavos de quetzal) Hasta barato le sale a EE. UU. el reducir los índices de violencia en Guatemala y migración hacia Estados Unidos, pero es esencialmente porque los funcionarios públicos en Guatemala temen enormemente, una cacería de brujas y linchamiento legal, al estilo jueves o viernes de la CICIG.

DEPTO. DE ESTADO Y SU POSICIÓN

Es increíble, pero el Departamento de Estado y el embajador estadounidense en Guatemala, Todd Robinson, realmente creen que ayudan y colaboran con Guatemala, cuando presionan a los jueces para lograr las extradiciones, permisos para operar sus misiones antinarco anti-migrantes, etc. Lo que es peor es que tienen canalizados unos US$200 millones al año, para co-patrocinar los eventos, capacitaciones, viáticos, comidas y estadías de los participantes, de las instituciones del Sector Justicia en Guatemala. Si eso no es colusión, por lo menos sí es lo más cercano a cohecho pasivo que puede existir.

Las investigaciones del caso IGSS-Pisa comenzaron con presiones del embajador Robinson a favor de la empresa estadounidense Baxter, que solía tener el contrato, pero lo perdió, porque Pisa, empresa mexicana, ofrecía los mismos servicios, pero a precios más reducidos. ¿Pregúntenle a Baxter o a Robinson cuántos procesos penales hay por las muertes negligentes de los pacientes renales que existieron en época del viejo contrato? Ni uno solo, porque como dice el nuevo secretario de Estado de EE. UU., Tillerson: «brindaremos asistencia extranjera a nuestros socios centroamericanos, para ayudar a combatir la delincuencia y la impunidad…» (solo cuando no sean intereses estadounidenses).

¿INDEPENDENCIA JUDICIAL?

Solo cuando les conviene hablan de permitir que los jueces dicten de acuerdo a derecho, y sus conciencias. Luego para todo el resto de procesos y acusados, ellos quieren que los procesados por su brazo legal, la CICIG, sean condenados, a como dé lugar, y si no proporcionan las pruebas y no realizan bien el debido proceso, pues que los jueces y magistrados enderecen los procesos y ayuden, con aprobar las llamadas interceptadas y de dudosa procedencia, consigan colaboradores eficaces, como si el trabajo del Organismo Judicial fuera condenar a los acusados por el Ministerio Público y la CICIG.

La única función que tiene un juez y magistrado en el OJ, es ser el ente garante de que el proceso es de acuerdo a lo que establece la ley vigente y que los derechos humanos y constitucionales de los acusados no sean violentados por nadie. Ni una superpotencia como Estados Unidos, ni por una entidad internacional como la CICIG, ni por algún grupo de presión o de poder nacional o internacional.

EL CRISTAL COMO SE MIRA

Para la CICIG, y sus redes sociales, las declaraciones del nuevo y recién aprobado secretario de Estado, fueron un espaldarazo, a la gestión y a su rol intervencionista, y de presión que socaba no solo la independencia judicial, sino la soberanía de Guatemala. ¿Todo depende del cristal con que se mira? ¿Aunque todo sea ilegal? Para fortalecer la postura de la CICIG tienen planeada una reunión hoy a las 10 am, en la antigua casa de los Marines, de USA, en zona 14, sede actual de la Cicig, dónde el embajador Robinson y la Coordinadora Residente de la ONU, en Guatemala, Rebeca Arias, hablarán de los apoyos que la Cicig tendrán en 2017.

TODOS HABLAMOS DE LO QUE SAB EMOS

Ivan Velásquez fue primero con el uso de Twitter (meses antes de Donald Trump), para lograr cambios políticos y periodicazos (titulares de prensa) en los medios de comunicación, en contra sus «enemigos, y los enemigos del pueblo de Guatemala». Pues Velásquez habló de hipócritas y todos terminamos hablando de lo que más sabemos. Hipocresía es decir que lo primero que viene a hacer a Guatemala es cerrar la Cicig, y luego negociar dos veces más una ampliación de mandato, sin ratificación alguna del Congreso, siendo una entidad Internacional, en Guatemala, requiere ratificación del Congreso, pero eso es solo para comenzar.

Luego, hipocresía es hablar de que en su criterio el antejuicio no debe existir, porque «en otros países latinoamericanos no existe la figura del antejuicio, y no están presos sus alcaldes, diputados u otros funcionarios» y luego no mencionar que en el acuerdo de mandato de la CICIG, desde el artículo 8, al artículo 10, inciso 4, trata sobre inmunidades totales, seguridad y privilegios que ningún guatemalteco tiene, ni el Presidente de Guatemala. Solo es privilegio ahora, por el mandato de la CICIG, para los guatemaltecos trabajadores de la CICIG y los testigos y colaboradores de la CICIG.

Si nadie en la CICIG es responsable legalmente por sus actos, omisiones o vicios, ¿de qué justicia, antejuicio, privilegios, o impuestos habla el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, cuando le habla a Guatemala en sus redes sociales y la responsabilidad que tenemos los guatemaltecos? Litigar en los medios, expresar sus criterios y opiniones legales en redes sociales, es contrario a la Ley del Organismo Judicial (LOJ), y al Código de Ética del Abogado y Notario (en Guatemala).

Pero como el comisionado Velásquez no es guatemalteco, ni abogado y notario graduado aquí, a lo mejor desconoce la ley vigente en Guatemala. Otro tema es que el Mandato de la CICIG lo libera de toda responsabilidad, en el pago de impuestos y arbitrios, cuando ha ofrecido sus criterios sobre el pago de impuestos, en entrevistas y en redes sociales, ¿con qué solvencia moral habla y argumenta? ¿O es que piensa que, como comisionado de la CICIG, no litiga en los procesos, ni es su responsabilidad rendir cuentas de su trabajo y de los resultados de la institución que gestiona? ¿Es entonces la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, impune totalmente de todo lo que realiza y omite en Guatemala?

LE SUBEN EL PRESUPUESTO GRACIAS A SUS EXITOS

La CICIG solía tener un presupuesto anual de US$13 millones, antes de los éxitos en contra del expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidente Roxana Baldetti Elías. Aunque un artículo en el sitio de internet de la CICIG, de la Associated Press, indica que: «El presupuesto anual de la CICIG es de unos 20 millones de dólares, proveído por Estados Unidos, España, los Países Bajos y los nórdicos.» (artículo del 13 nov 2011).

En el periodo de Carlos Castresana y el presidente Álvaro Colom, el Ministerio Público proveía a la CICIG de unos Q180 millones, que gastaba la Cicig en oficinas, y todo lo que el MP le proveía. Luego, el Ministerio de Gobernación les provee seguridad, automóviles, blindados y demás, por otra millonaria cantidad cada año. Es necesario indicar que Guatemala, cada año, invierte en la CICIG, tenga esta resultados positivos, cumpla o no con su mandato, cantidades no despreciables, de aproximadamente Q300 millones, o unos US$40 millones. O sea, el doble gasta el Estado de Guatemala al tener aquí a la CICIG, de lo que aportan los países amigos, al presupuesto directo de la CICIG.

VAYA AYUDA INTERNACIONAL

Al final del día, solo podemos hablar de las condenas firmes, de lo bien o mal que estamos, y con el cambio de postura de la gestión del Departamento de Estado Pro Hilary Clinton, a una postura, pro Donald Trump solo queda ver qué instrucciones recibe, tanto el nuevo embajador de Estados Unidos, como el comisionado Velásquez y el resto de la CICIG. Sabremos luego de la conferencia de prensa de hoy, en la sede de la CICIG, cuál será la nueva tendencia tanto de EE. UU., como de su comisionado Velásquez.