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La CSJ es el centro de atención por una nueva elección

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En los últimos días, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sido motivo de la atención pública, porque una de sus magistradas, Blanca Stalling, ha quedado sin inmunidad, luego que sus propias colegas dieron el aval para que el Congreso decidiera ayer que sea puesta a disposición de la justicia común, para que ventile el supuesto caso de tráfico de influencias que se le endilga. La magistrada Stalling no llegó ayer a la CSJ, y presentó una nota donde hace ver las razones de su ausencia.  Aunque, en su calidad de magistrada, debe estar en la votación para la elección de (el-la) nuevo(a) presidente(a) de la CSJ, luego de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que dejó sin efecto la elección del año pasado.

Hoy habrá reunión del pleno de la CSJ, para determinar si se realiza una nueva elección para la Presidencia, en una CSJ que no se percibe unida como parece. Por un lado, la magistrada Stalling goza aún de simpatías en el grupo de los 13. Pero ha habido desavenencias con otras de sus integrantes, recientemente hubo un cruce de palabras entre quien fue electa como presidenta, la magistrada Silvia Patricia Valdés, y  la togada María Eugenia Morales.  Recientemente, la magistrada Valdés  giró un comunicado a los medios de comunicación, donde señala a la también magistrada María Eugenia Morales Aceña de sustraer ilegalmente expedientes relacionados a un antejuicio. En el mismo,  señala que “María Morales  se encuentra sujeta a una investigación de la Supervisión General de Tribunales, ya que supuestamente sustrajo documentación del antejuicio, sin autorización ni notificación a las partes”.

Valdés explicó que, con dicha acción, la vocal XII de la CSJ provocó retrasos en el trámite del antejuicio e incurrió en violaciones a la Ley del Organismo Judicial (OJ). La magistrada Valdés señaló a Morales Aceña luego de que esta presentara una denuncia en el Ministerio Público (MP) por la alteración de un acta de resolución de la CSJ, según dijo al medio digital Soy 502. Posteriormente  a este comunicado, entregado a los medios que cubren la fuente, la magistrada aludida,  Morales Aceña, explicó que en el documento, en el cual se declaraba sin lugar una solicitud de antejuicio contra el diputado Luis Rabbé y su Junta Directiva, se incluyó la firma del presidente de la Sala Tercera de Apelaciones, Jaime Amílcar González Dávila, a pesar de que no participó en la sesión plenaria. Por estos hechos, Valdés manifestó: “El error cometido fue del oficial de amparo, quien ya está siendo sancionado por la Junta de Disciplina Judicial, ya que requirió la firma de un magistrado que no participó en la discusión y aprobación del citado proyecto”.

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