Columnas

Responsabilidades ocultas

Igual que en la política y la función pública, la inversión privada y el papel empresarial deben dignificarse y resignificarse. Son demasiados los abusos de agentes empresariales en las minas, hidroeléctricas, fincas, fábricas y oficinas que en forma directa e indirecta han contribuido al acelerado deterioro de las instituciones, al incontrolable crecimiento de la corrupción, a la captura y cooptación del Estado y a la pérdida de perspectivas de futuro en el país. Generalmente se atribuye a los políticos y a los criminales la responsabilidad de los males que aquejan a la sociedad, pero se ocultan las responsabilidades que cargan sobre sus hombros connotados empresarios que hacen dirigencia ejemplar en la vida pública, quienes al igual que los encarcelados del gobierno pasado, han recogido beneficios indebidos del frágil Estado de Guatemala.

«Pero lo cierto es que no es casual el deterioro actual de la Corte Suprema de Justicia.»

La ética del lucro hace agua. Veamos el caso de las empresas implicadas en defraudación aduanera y en la evasión de impuestos, como lo hizo evidente hace unos meses la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Aunque no todo está podrido, pues se conoce de empresarios con una práctica distinta, muy activos en la búsqueda de caminos que rompan con las rémoras del enriquecimiento fácil y del derecho de la punta de su nariz. Pero lo cierto es que no es casual el deterioro actual de la Corte Suprema de Justicia y el reposicionamiento de las fuerzas políticas más conservadoras que propugnan la continuidad del orden previo a los hechos del 2015.Estas cuentan con alianzas en grupos de capital que perciben amenazados sus intereses si se presentaran cambios en la administración de justicia, en la transformación de la razonabilidad y de la perspectiva de las políticas públicas y en general de mayor independencia y ecuanimidad en el funcionamiento de las instituciones.

Las reformas constitucionales propuestas al Congreso han sido bombardeadas en su esencia democratizadora. Los operadores de los empresarios organizados llegan todos los días a las puertas de las oficinas legislativas, con discursos encendidos basados en el enredo de tecnicismos jurídicos y de oportunidades que nunca llegan. La invocación de los miedos no se queda atrás. Se dejó de lado el pluralismo jurídico y ahora se habla de la jurisdicción indígena, pero haciendo paralelismos y vinculaciones ajenas a las intenciones originales de las reformas. Se miente. Hasta se dice que la aprobación del Convenio 175 de la OIT sobre trabajo a tiempo parcial abre oportunidades para más empleo y bien común. Discutible. La Constitución en su artículo 102, inciso g, indica que la ley va a determinar “las situaciones de excepción muy calificadas en las que no son aplicables las disposiciones relativas a las jornadas de trabajo”. Algunos quieren aprovecharlo para generalizarlas y eliminar responsabilidades patronales. Hay que develar las responsabilidades ocultas, ponerle freno a esa mentalidad reproductora de pobreza y desigualdad.