Expulsar los intereses corporativos

Como era de suponer, las reformas al sector justicia se han convertido en un lento proceso, a veces como Calvario, a veces como desfile bufo. Todos reclamamos cese a la impunidad y justicia pronta, como también todos estamos, del diente al labio, opuestos rotundamente a la corrupción.

Pero puestos a asumir responsabilidades cada quien defiende su pedacito, sus pequeñas o grandes prebendas, los intereses suyos y de sus jefes y congéneres, y las reformas padecen entonces un largo y tortuoso camino donde sabemos lo que se prepone pero no tenemos ni idea de lo que resulte.

Las propuestas de reforma al sector justicia fueron presentadas hace casi un año, y con luces, lociones y afeites de última generación los presidentes de los tres poderes dijeron que las apoyaban en la íntegra. Que iban porque iban. El texto inicial se presentó en infinidad de foros y reuniones, aquí y acullá, recibiendo toda una serie de comentarios que incorporados, no la hicieron perder lo esencial aunque se modificó la forma.

Es de suponer que las universidades, los grupos de abogados organizados, así como los partidos políticos y las organizaciones empresariales tuvieron todo el tiempo del mundo para, discutida por su cuenta la propuesta, presentar en todos esos foros su opinión, de manera que en Petén y en San Marcos, en Escuintla y Alta Verapaz los participantes conocieran la oposición ferrea de las universidades a perder su cuota de poder y de negocios, el empecinamiento de la cúpula empresarial a que exista castigo al pobre pero relajada aplicación de la ley al comerciante y patrón inescrupuloso, o el desesperado interés de los grupos de abogados por controlar a jueces y magistrados para mantener la tradición de los sobornos.

Pero no, todos esos grupos de interés prefirieron que el proceso continuara, concentrando todas sus fuerzas en detener su aprobación en el pleno del Congreso. Cual niños de primeras letras los diputados, siguiendo los dictados de los grupos de interés a los que responden, ponen una objeción hoy, otra mañana, seguros que con el tortuguismo en el debate ganarán por cansancio.

Primero fue superar la presidencia de Mario Taracena quien, queriendo hacer un aporte histórico pretendía, junto al grupo minoritario de diputados progresistas que le apoyaban, dejar aprobada esa reforma, pues aún se tendrá que batallar por su ratificación en la consulta popular, la que al paso que vamos solo será realizada junto o después de las elecciones de 2019, extremo que se quería evitar para no envenenar su debate público.

Los sectores proimpunidad ganaron su primer batalla. Sacaron a Taracena y su grupo de la jugada, y ahora se concentran a llevar, con cuentagotas, el debate de las reformas. Es evidente que aquí va quedando claro lo que cada diputado y grupo de diputados representa en el congreso. En su mayoría son parte de ese amplio sector que si bien se proclaman enemigos de la corrupción, consideran que un regalo por aquí, un favor por allá, un negocio poco claro más allá, unos quetzales de comisión en otro asunto, etc., no tiene nada de malo. Han pasado en eso toda la vida, si no, veamos la confesión del hijo del cómico Jimmy Morales, aprendió en casa, ¡con su tío!, que eso de las facturas falsas es aceptado entre políticos y predicadores hipócritas.

Los partidos con sus diputados, así como las cámaras empresariales, universidades y el colegio de abogados no han podido presentar a la sociedad su versión de las causas, razones y motivos de la corrupción e impunidad porque ellos son parte inherente a ella. De ahí dejar fuera de los procesos de selección de magistrados al Colegio de Abogados y a las universidades es fundamental para romper el círculo vicioso de la impunidad.

La selección de jueces y magistrados deberá hacerse por estricta calificación de méritos, con evaluaciones de conocimientos al ingreso y durante toda la carrera judicial, con énfasis en el castigo a la sola sospecha, justificada, de prevaricato. Si en el ejército a nadie se le ocurre optar por un generalato sin ser antes coronel, es inconcebible que el litigante de un bufete pro empresarial sea luego miembro de la CSJ.

El país está urgido de reformas, pero para ello es indispensable que la sociedad las asuma como suyas y eso, lamentablemente, parece no estar sucediendo.