Presidente, destituya a Iván Velásquez

“A partir del precedente nefasto del exmagistrado de la Corte Suprema, Iván Velásquez, caracterizado por ofrecer beneficios a presos a condición de acusar, con la anotación de que muchos de esos testigos, criminales notorios, fueron llevados por mi gobierno a la cárcel, o extraditados; varios de ellos que estando clandestinos en el extranjero, sus testimonios han sido validados…”

El párrafo anterior corresponde a un fragmento de las declaraciones que el prestigioso expresidente colombiano Álvaro Uribe brindó a la prensa en relación al comisionado de la CICIG. Iván Velásquez, quien a su vez afirmó a los medios de comunicación nacionales y extranjeros ser el blanco de una campaña de desprestigio a partir de la publicación de la entrevista en mención en las redes sociales, que desataron acres críticas contra el colombiano Velásquez, que arreciaron después que de manera abusiva amenazó con perseguir penal-mente a quienes lo criticamos, además de encasillarnos como parte del crimen organizado por no estar de acuerdo con él, como acostumbra. Vaya manera en la que el poder se le ha subido a la cabeza, llevándolo a atropellar el artículo 35 de la Constitución, el cual garantiza que los guatemaltecos podemos expresarnos con libertad. Es obvio que con cada día que pasa, nos acercamos más a un régimen totalitario, y para colmo, bajo los designios de un extranjero que se cree con el derecho de manosear nuestra Carta Magna, y que al sentir la suma del peso de sus errores y sus abusos, afirma que él “solamente ha hecho sugerencias”, cuando sus amenazas y las del embajador Todd Robinson en contra de los diputados han sido tan notorias como su evidente conspiración contra el presidente Jimmy Morales, de quien, para colmo, demandó colaboración cuando afirmó que “No ha habido voz oficial condenando la campaña de desprestigio”. Pareciera necesitar Iván Velásquez que se le recuerde que tiene secuestrado al hijo del presidente de la República, otro abuso más que la mayoría de los guatemaltecos condenamos.

Los muchos y constantes excesos del comisionado de la CICIG merecen que el presidente Morales notifique a la ONU su destitución, y que solicite la presencia de un comisionado de transición, que se encargue de trasladar al Ministerio Público, en un período no mayor a seis meses, toda la responsabilidad de la persecución penal, según ordena la Constitución, y que exija a la fiscal general Thelma Aldana que cumpla con su trabajo como la profesional competente y experimentada que es, para que los guatemaltecos nos beneficiemos con cambios reales a raíz de una lucha efectiva contra el crimen de toda naturaleza, como lo demanda la memoria de la joven señora y su hija de solo 2 meses de edad que murieron asesinadas a balazos el viernes pasado, o la de los dos pequeños niños secuestrados y muertos a puñaladas el fin de semana, o la impunidad ante la muerte trágica de Pavel Centeno, o la corrupción que tiene podridas las aduanas, o los juicios contra las cabezas del gobierno patriota que no avanzan, o la persecución contra los corruptos del gobierno de la UNE que no comienza.

La agenda ideológica de Iván Velásquez ha marcado su que hacer en Guatemala, como lo marcó en Colombia. Valdría la pena que él analizara qué diferencia habría hecho en su trabajo si no se hubiera extralimitado en su mandato al participar en procesos relacionados con la guerra, al violar de forma parcial la Ley de Reconciliación al apoyar la persecución de nuestros veteranos y proteger a los terroristas -como lo hizo en su país natal-, o de qué manera torpedeó él mismo las pretendidas reformas constitucionales, al incluir en ellas el proyecto racista del derecho indígena.

Un aspecto que se perdió en el tiempo, y que vale la pena traer de nuevo a discusión, es el del salario que devenga Iván Velásquez. Recuerdo que se mencionó en los medios de comunicación que el sueldo del comisionado de la CICIG asciende a no menos de Q300 mil quetzales al mes, lo que sin duda lo hace el mercenario mejor pagado de la historia. Sus aliados de la izquierda saltaron en su defensa, aduciendo que la CICIG no le cuesta dinero a los contribuyentes. Vaya mentira, porque el costo moral y social para Guatemala ha sido enorme, y el volumen de la crisis financiera que provoca la persecución de empresarios por parte de Velásquez utilizando muchas veces al marxista Solórzano Foppa desde la SAT, seguro alcanza ya una cifra de varios miles de millones de quetzales, que afecta a todos los guatemaltecos por igual.

Si yo fuera el presidente, hoy mismo pondría a Iván Velásquez y su inmunidad diplomática en un avión, junto a sus gánsteres extranjeros, y le exigiría a la Fiscal General una entrega irrestricta en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y le brindaría todo el apoyo que necesite. Pero yo no soy el presidente.