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La reforma constitucional que ha sido presentada al Congreso, debe ser definitivamente rechazada por anodina y perniciosa, lo que la lleva a ser inconstitucional. Además, se pretende a través del cambio dominar un organismo de gobierno que, una vez controlado por los patrocinadores de la reforma, sometería fácilmente a los otros poderes gubernamentales, destruyendo la estructura republicana del Estado. La estrategia es vieja. A finales del siglo pasado, esgrimiendo la lucha contra la corrupción, y aprovechando el hartazgo popular de la repugnante política, en Venezuela se estableció un régimen marxista que deshizo en pocos años al país, en medio del paroxismo y delirio de los intelectuales “progresistas”.

Aquí, la maniobra fue copiada. La reforma constitucional se ha incluido como parte de la gran cruzada por la moral pública, a pesar que se trata de indecorosas propuestas y que sus promotores no han dudado en recurrir a la coacción, las mentiras, amenazas, agresiones verbales y hasta la extorsión (formas nada éticas de conducta), para lograr su objetivo. La presión ha sido muy fuerte sobre los diputados. En particular de parte de quienes comparten el monopolio de la persecución penal, que son los empeñados en la aprobación de las modificaciones a la Constitución. Un congresista, Eduardo Zachrisson, dijo que “hubo varias reuniones en las que el presidente del Congreso nos invitó a hablar sobre las enmiendas. Incluso se discutieron en la sede de CICIG (…)”.

En los últimos meses, dignatarios y funcionarios públicos han incrementado la insolente comisión de delitos en sus diferentes esferas de responsabilidad. Los mismos diputados, avanzando en un proceso sesgado de enmiendas constitucionales, sin el riguroso cumplimiento de la Constitución y la ley. La Corte de Constitucionalidad emitiendo fallos sin la observancia y sometimiento a la Constitución, cuya obediencia y protección es la única razón de su existencia. La Corte Suprema de Justicia, cumpliendo órdenes manifiestamente ilegales, que la colocó en contubernio y colusión con las oscuras fuerzas promotoras de la crisis.

Incluso el propio y atribulado Presidente de la República, con sus temores, vacilaciones y problemas de familia, ha desatendido el juramento de su toma de posesión, que no es más que el acatamiento y defensa del orden constitucional, base de su mandato. Es necesario entonces imponer el orden. Desechando la pretensión de mantener en el neolítico a guatemaltecos indígenas que, como todos, deben ser respetados en sus derechos fundamentales y el acceso a un futuro de modernidad que signifique su pleno bienestar social, económico, político y, en suma, humano. Repudiando la conversión de la Corte de Constitucionalidad y su adlátere, el Organismo Judicial, en un feudo totalitario desde el que se reconfigure al Estado guatemalteco, con un modelo que ruidosamente ha fracasado en otros países.

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