La guillotina irresponsable
En medio de graves señalamientos, el día de ayer, fue anunciada en conferencia de prensa, una multitudinaria manifestación, por parte del Comité de desarrollo Campesino (Codeca) para el próximo 7 de marzo, con el objetivo de solicitar la renuncia del Presidente Constitucional de la República, Jimmy Morales Cabrera.
La marcha anunciada por el Comité generará la movilización de miles de ¿campesinos?, quienes marcharán en dirección al Centro Histórico capitalino, con el objetivo de solicitar al mandatario el abandono de su cargo, pues a criterio de las autoridades de Codeca, el mismo ganó las elecciones de manera fraudulenta al financiar su campaña con recursos ilícitos: asimismo, la organización campesina señala al presidente de mantener vínculos con la corrupción al actuar como cómplice de evasión fiscal, tras el anuncio oficial de la condonación del pago de la deuda de 216 empresas.
También la organización campesina demanda del gobierno que no haya alza en el costo de la energía eléctrica y a la vez, informaron que la manifestación también tendrá como objetivo solicitar la renuncia de 110 diputados, a quienes acusan de haber recibido sobornos por un monto de 40 mil dólares por legislador, de parte de la empresa brasileña Oderbrecht, a efecto de que estos aprobaran el préstamo que financió un tramo de la carretera al Pacífico, a la vez de que mostraron su respaldo a la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a la cual solicitaron la continuidad de las investigaciones de casos de corrupción y el establecimiento de nuevas sedes en el interior del país.
Ciertamente, la organización campesina está en ejercicio de su legítimo derecho de manifestación y petición; independientemente del caos vehicular que ocasiona la movilización, una larga serie de contradicciones subyacen tras su inaudita solicitud de guillotinar de tajo al Organismo Ejecutivo: de hacerse efectiva la renuncia del mandatario, como lo solicitan, la institucionalidad del país, entraría en la ominosa espiral descendente del caos, pues, de ser ciertas las acusaciones que fundamentan su petición, el vicepresidente Jafeth Cabrera, a su vez, carecería de idoneidad para ocupar la vacante, en cuyo supuesto, la organización campesina tampoco sugiere a un eventual sustituto.
Por otro lado, el comité se arroga funciones exclusivas del Organismo Judicial al emitir condenas contra personajes políticos sobre los que no pesa acción legal alguna. Dentro de sus peticiones, solicitan al Ejecutivo que no exista alza a la energía eléctrica, sin embargo, al adversar la instalación de proyectos hidroeléctricos someten al resto de la población campesina y no campesina, al calvario de sufrir las consecuencias de mantener una matriz energética proveniente de recursos no renovables, con el consecuente aumento en los cobros de la tarifa eléctrica, y el alza generalizada de los precios de la canasta básica.
Es una gran irresponsabilidad invitar a la sedición y al golpe de Estado solapado de la manera en que lo hacen: por el contrario, corresponde a todos los guatemaltecos defender la institucionalidad y el orden constitucional del país. Es necesario que las autoridades accionen ante los tribunales competentes a efecto de deducir las responsabilidades del caso, ante el intento de violentar el orden constitucional de parte de esta organización dedicada a desorganizar el orden institucional y causar caos social y vial, en el país de la Eterna Primavera.
