#FueElEstado
En la red social Twitter, una etiqueta se convirtió rápidamente en tendencia, responsabilizando al Estado guatemalteco del incendio que terminó con la vida de 35 jovencitas, en el interior del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en San José Pinula.
La etiqueta suscitó multitud de comentarios que se produjeron a raíz de la misma, los cuales en su mayoría reflejan el sentimiento colectivo de frustración y dolor ante las gigantescas dimensiones de la tragedia, y la acusación en contra de las autoridades de Gobierno de ser las responsables de la misma.
Ciertamente, debemos reconocer que al responsabilizar y decir que el causante de las muertes #FueElEstado, la sociedad en pleno debe ser capaz de reconocerse como elemento integral del mismo Estado, y todos los integrantes sociales debemos asumir la responsabilidad en los hechos que culminaron con la muerte de, hasta el cierre de esta edición, 35 jovencitas, a quienes la sociedad guatemalteca en su conjunto negó todas las oportunidades para desarrollarse. Fueron víctimas del olvido, el cual invisibilizó sus trágicas circunstancias de vida.
De esa indiferencia social crónica. De la apatía que duele hasta las lágrimas y que configura desde sus raíces esta sociedad. La responsabilidad de las autoridades de Gobierno es innegable, pero no es exclusiva de las mismas. La sola destitución del encargado de la casa hogar resulta insuficiente, pues el mismo debería guardar prisión preventiva junto con el resto de personal administrativo y de monitores, señalados de graves abusos dentro del Hogar Virgen de la Asunción.
No obstante, corresponde a la sociedad en su conjunto colaborar activamente en el desarrollo de la niñez, adolescencia y juventud, y en la fiscalización ciudadana del ejercicio del poder público, principalmente en materia de protección a la niñez.
El inmediato esclarecimiento de las circunstancias en que se produjo el siniestro y la aplicación de todo el peso de la ley en contra de los responsables, corresponde a las autoridades del sistema de justicia y del Ministerio Público, que deben investigar a fondo y en su totalidad la nómina de colaboradores asignados en el hogar, y a todos los protagonistas involucrados, incluyendo las denuncias presentadas previamente en relación a los abusos de que eran objeto las hoy fallecidas.
En resumen, al señalar al Estado como el culpable de la espantosa muerte sufrida por las jóvenes en el siniestro, todos los habitantes de este país debemos aceptar nuestra responsabilidad, en grado de complicidad, al restarle oportunidades de desarrollo. Al cerrar los ojos a una realidad terrorífica que acompañó sus últimos instantes de vida, y al hacer oídos sordos a los lamentos cotidianos de una juventud que, de no atenderla inmediatamente, está condenada irremisiblemente a la tragedia.
Efectivamente, debemos demandar del Estado juicio y castigo en contra de los responsables directos de esta tragedia, pero con la solvencia de construir un país mejor, donde este tipo de eventos no sucedan bajo ninguna circunstancia, en ningún contexto.
