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Importante, negligente y derrochador

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El Estado es cada vez más impotente para cumplir con sus deberes fundamentales: garantizar a todos los guatemaltecos la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo integral (Artículo 2 de la Constitución).  Hay un deterioro  de su capacidad que se acrecienta con cada período de gobierno. Es por ello que el gobierno actual, en lugar de tomar una estafeta recibió un tizón ardiendo.  Pero a poco más de un año de ejercicio tiene su cuota de culpa. Ya no puede justificarse con las fallas de los anteriores.

Algunos dicen que al presidente no se le debe exigir demasiado, porque se sabía que carecía de la experiencia y conocimientos necesarios para el cargo. Pero él fue quien se postuló. Nadie lo obligó a ser candidato. Ofreció lo que la ciudadanía quería oír: ni corruptos ni ladrones. Fuera de eso no se esperaban grandes cosas, pero sí que se comprometiera a fondo en contra de la corrupción y la rapiña que campean en todas las esferas de lo público, en beneficio de unos que están adentro -los corrompidos-  y de otros que están afuera, los corruptores. Las acciones del MP y de la CICIG no han sido del todo ortodoxas, pero no había otra forma para derribar el muro de la impunidad.

Han tenido que buscar un amplio respaldo social.   Si los sindicados de actos de corrupción recurren a toda clase de artimañas, a pesar de estar detenidos, imaginemos qué no harían si les hubieran otorgado libertad bajo fianza.  Buscarían alargar los procesos hasta el día del juicio. O ya habrían obtenido condenas irrisorias, conmutables, para ir a gozar lo mal habido. Sin la presión social, que hasta cierto punto se pasa llevando la presunción de inocencia porque, a los ojos del ciudadano común y corriente, los elementos de culpabilidad son incuestionables, la batalla contra la corrupción hace rato que se habría perdido.

Los niños y adolescentes albergados en el hogarinfierno, como se ha visto en varios reportajes, son todos ellos un producto de la pobreza y víctimas de la intolerable desigualdad que impera en Guatemala.

También se critica al MP y a la CICIG por el despliegue utilizado para capturar al hijo y al hermano del presidente. Unas semanas antes les reprocharon porque los agentes que llegaron a la casa del exministro Centeno estaban casi inermes, dando lugar, de alguna manera, a la reacción violenta del ahora fallecido. Así que si lo hacen mal, si no lo hacen también.  Es bueno recordar que la justicia y sus instrumentos deben ser ciegos.

Tenemos demasiados casos de consideraciones especiales a exfuncionarios. Como cuando el ministro de Gobernación reconoce que a la familia de su antecesor, todavía se le da protección porque un acuerdo ministerial o gubernativo así lo ordena. Es el colmo que parte, aunque sea mínima, de nuestros impuestos, se destine a proteger a quienes saquearon el Estado. Además de impotente, tenemos un Estado negligente.  El Hogar Seguro -vaya sarcasmo – y la terrible mortandad de jovencitas, es la prueba más sangrienta que pudo darse.

Negligencia de la Secretaría de Bienestar Social, cuyos sucesivos secretarios no se han preocupado por ampliar las capacidades de los centros de atención de menores bajo su cargo, dotarles de recursos y controles necesarios para asegurar una atención acorde a las características de cada segmento. Negligencia para promover, de ser necesarias, las reformas que impidan que en los centros de protección, que una adolescentes calificó de ser un infierno.

Negligencia criminal de los jueces, que envían a menores señalados de participar en actividades delictivas, incluso sicariato, sin tomar en consideración que un centro como el hogar Virgen de la Asunción está destinado, supuestamente a niños y adolescentes vulnerables, víctimas de abusos y delitos, que no están en conflicto con la ley penal.  Llama la atención que mientras no se toman medidas para evitar esta situación, sí hay exceso de cuidado para que los funcionarios corruptos no queden expuestos a malos  tratos, instalando con toda diligencia las cárceles VIP.  Porque claro, hoy por ti, mañana por mí.

Los niños y adolescentes albergados en el hogar-infierno, como se ha visto en varios reportajes, son todos ellos un producto de la pobreza y víctimas de la intolerable desigualdad que impera en Guatemala. Víctimas de un Estado que, en esos centros no destina recursos para asegurarles una atención adecuada y condiciones de vida digna.  Un Estado, que es cierto, no dispone de recursos suficiente, pero que derrocha a manos llenas, como veremos algunos ejemplos en la próxima columna.

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