Columnas

La responsabilidad por la pérdida de 40

En tanto Jimmy Morales continúa evadiendo su responsabilidad, la impunidad amenaza a las víctimas del Hogar Seguro, Virgen de la Asunción. Por muchos años y de forma reiterada, el Icefi, Unicef, Plan International y otros han levantado la voz, realizado eventos, acciones políticas, publicado documentos técnicos y científicos que demuestran el menosprecio del Estado guatemalteco a su niñez y adolescencia. Y si no es el Estado, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del sector privado? Pues más que demostrado debería estar con el caso guatemalteco que, ante la ausencia de la protección estatal, los empresarios no asumen esa responsabilidad.

Primero porque difícilmente cambiarían el destino de sus ganancias para cubrir el enorme costo de rescatar a nuestra niñez y adolescencia, y segundo porque no es su obligación. El sector privado tiene y apoya algunas iniciativas, las cuales se agradecen, pero son acciones más caritativas o de beneficencia, y con ello, con efectos marginales, no soluciones de impacto estructural. ¿Los padres? Baste citar que algunas de las nueve niñas embarazadas, lo están porque sus propios padres las violaron. La gran mayoría de esas menores están allí precisamente porque vienen de familias disfuncionales, desintegradas o agresivas. O sea, pretender que siempre los padres o madres pueden asumir la responsabilidad por sus hijos, es una ingenuidad que raya en lo criminal. Y bueno, claro está, no es la responsabilidad de las propias víctimas, ya que sería caer en las estupideces que algunos han dicho como que se lo merecían porque eran mareras o que fue lo mejor porque eran muy violentas.

Los datos de los estudios del Icefi son espeluznantemente y contundentes: en un período de siete años, el gasto que el Gobierno de Guatemala dedicó a su niñez se incrementó sólo $0.17, mientras que Costa Rica incrementó el gasto público dedicado a su niñez en ese período $2.14. Situaciones como privilegiar fiscalmente el sector agropecuario y descuidar a la niñez son las que explican el porqué 3.7 millones de niñas y niños viven en la pobreza, y 1.6 millones más estén vulnerables a ese flagelo, con historias de vida marcadas por el trabajo infantil, desintegración familiar, maltratos y abusos. Por eso, insulta y ofende la actitud del presidente Jimmy Morales pretendiendo eludir o diluir su responsabilidad.

Él y los funcionarios del Gobierno tienen responsabilidad por la tragedia de la semana pasada y de la tragedia diaria de la niñez y la adolescencia, porque la Constitución y las leyes los obligan. Es decir, harta responsabilidad tienen, y ya deberían estar implementando medidas correctivas como las que ha recomendado el Icefi. Esto, si no hubo homicidio, como cada vez más sugiere la información que está revelándose: Jimmy Morales ha confirmado que las niñas y jóvenes murieron en un salón cerrado con llave, y sabía desde la noche del martes de la crisis en evolución, a lo que respondió con fuerza policial y violencia.

Como insulta y ofende también la prioridad que se le da a los privilegios fiscales como los que se están aprobando para los ganaderos y el resto del sector agropecuario. Queda hoy al descubierto el contraste entre la prioridad que para Jimmy Morales y su Gobierno, o para el Congreso, tienen los ganaderos y el sector agropecuario, versus la niñez y la adolescencia. Si en 2015 nos indignamos y sacamos a Pérez Molina y su gobierno por corrupto, solo veo legítimo que en 2017 saquemos a Morales y su gobierno por homicida culposo de menores, inepto e irresponsable. ¡La muerte trágica de nuestras –hasta ahora- 40 no debe quedar impune!.