«Después de 20 años» devuelven poder sancionatorio a la Inspectoría General de Trabajo
Los diputados al Congreso de la República aprobaron el proyecto de ley 5198, que entre otras cosas, faculta a la Inspección General de Trabajo para aplicar sanciones administrativas a las empresas que incurran en violaciones a los derechos laborales y por obstruir la labor de los inspectores.
Se trata del proyecto de ley 5198, que reforma el Decreto 1441, el cual fue aprobado por artículos y redacción final, este jueves con 81 votos a favor.
Entre lo que resalta de la sesión está lo que dijo el diputado del bloque Todos, Ovidio Monzón, quien aseguró que se activó la discusión de este tema «después de 20 años, en los cuales ha estado presente el debate de devolver el poder sancionatorio a la Inspectoría General de Trabajo, lo cual armoniza con un convenio de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) de 1952”.
La norma, que cuenta con 11 artículos, es el resultado de un trabajo consensuado por el sector empresarial y laboral en el país, con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo (Mintrab) y el apoyo de representantes de la OIT en Guatemala.
La normativa resalta el artículo 5 que reforma el 272 del Código, que contempla la imposición de multas de 8 a 18 salarios mínimos por haberse determinado la violación a las normas que obligan al pago de salarios y demás prestaciones laborales, y de 2 a 10 salarios si se violan otros preceptos relacionados con el derecho a paro, huelga y otras prohibiciones.
Dichas reformas establecen, además, un marco para que los casos en materia laboral puedan resolverse con mayor celeridad en aspectos administrativos y judiciales.
