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Las maras: fenómeno social

Las maras están integradas por individuos que van desde edades muy tempranas, aun siendo niños, hasta adultos y se organizan para la realización  de múltiples actividades criminales. Poseen su propia estructura organizativa criminal y hoy colaboran con el crimen organizado, especialmente con el narcotráfico. Dentro de los objetivos que las maras persiguen están los  asociados a la territorialidad,  expansión,  criminalidad y a consolidar el poderío de un grupo sobre otro, para el logro  de esos  objetivos, estas estructuras criminales operan  sumamente  cohesionadas, con un alto nivel de lealtad a la organización y al líder.

Las deportaciones masivas de indocumentados al país se inician a partir de   los años 90, ingresando a nuestro país  los denominados Cholos que son la punta de lanza de las actuales maras y que en su momento, el Gobierno no pudo visualizar o no entendió y  que hoy estamos viviendo, quienes al final de la década de los 90 y los inicios del siglo XXI se consolidaron en Guatemala como organizaciones criminales denominadas la Mara Barrio 18 (M-18) y la Mara Salvatrucha (MS-13),  los que vinieron a generar un nuevo tipo de organización juvenil criminal, que nunca antes se había visto en la región centroamericana ni en Guatemala.

Estos  migrantes deportados de los EE. UU. desarrollaron prácticas de organización criminal callejera de primer mundo en los Estados Unidos, para ser aplicadas  en países del tercer mundo, países en que se encuentran grandes segmentos de la población  sumida en  la pobreza,   desigualdad social,  ignorancia, sin ningún tipo de  oportunidades y con altos niveles de violencia, por lo que nuestro país resultó ser tierra sumamente fértil para organizarse  y crecer rápidamente.

Tras dos décadas y media de deportaciones masivas  de los Estados Unidos a Centroamérica de pandilleros, el Gobierno de Guatemala continúa paralizado institucionalmente, únicamente planteando operativos policíacos, propuestas  legales o programas sociales sin éxito alguno. Este nuevo fenómeno criminal necesita ser estudiado e investigado seriamente por las universidades, así como por las instituciones de justicia y de seguridad de nuestro país  para entenderlo y  poder enfrentarlo, al no haber interés en estudiarlo y entenderlo,  se continúa sin saber  qué hacer y las maras siguen creciendo y expandiéndose rápidamente. 

De esa cuenta, la dinámica de las maras se fue orientando hacia el fortalecimiento de sus  organizaciones, su crecimiento y expansión; se fueron desarrollando,  no solo a nivel local (calle, barrio o colonia), sino a nivel nacional (departamentos, municipios),  ya que su crecimiento ha sido vertiginoso y de las actividades ilícitas menores iniciales,  pasaron a ejecutar  una serie de actos criminales que les proporcionan recursos económicos suficientes, como por ejemplo, la extorsión a pequeños, medianos y grandes comerciantes e industrias, oficinas de profesionales, residencias, empresas de transporte urbano, extraurbano, taxis, mototaxis, etcétera, hasta llegar al asesinato de aquellos que no acceden a sus requerimientos, en otras palabras estructuraron todo un sistema de economía criminal, que a la fecha les reporta grandes dividendos.

La falta de políticas públicas de prevención,  rehabilitación y reinserción social, ha obligado  a los gobiernos a buscar soluciones operativo-policiales y  legales, que sin contar con políticas de desarrollo social a corto, mediano y largo plazo, no son una solución real y efectiva a un fenómeno de esta magnitud, y más que solucionarlo lo han agravado, estos grupos se fortalecen cada día tanto en lo operativo como en su economía criminal, crecen, se expanden y ahora también sirven a los intereses del crimen organizado y especialmente al narcotráfico, tienen sus bases operativas desde las prisiones, tanto del sistema carcelario como del correccional del país, lo que a la vez les da grandes  ventajas porque  están encerrados cumpliendo una sentencia o a la espera de ella, pueden operar criminalmente dadas las condiciones del sistema carcelario y correccional del país.

La proliferación de las maras debe ser analizada como un fenómeno socio criminal estructural como resultado de un entorno  conflictivo caracterizado por factores  tales como  la pobreza, que genera  falta de oportunidades,  poco acceso  a la educación, trabajo, salud y vivienda, aunado a otras causas como  la desintegración familiar, violencia intrafamiliar, abusos sexuales, alcohol, drogas, etcétera.

Y el resultado ha sido una mayor  incidencia de la criminalidad juvenil en Guatemala como una realidad inevitable, la organización de las pandillas juveniles o maras y su expansión en todo el territorio nacional  se ha constituido en el fenómeno criminal  del siglo XXI que afecta a la población en todos los órdenes, en lo social, económico y  político,  este nuevo fenómeno criminal  ha  sido capaz de crear una psicosis colectiva de desesperación, miedo  y  terror en la población  por los riesgos que estas organizaciones criminales   representan,  especialmente para las clases populares al tener que  convivir con  estas pandillas en sus lugares de habitación  y sobre todo debido a los múltiples hechos criminales que estos llevan a cabo en sus calles, barrios, colonias, y hoy en día en casi todo el país. 

Esta serie de  hechos criminales  que  realizan  las maras diariamente, y que   van desde el asesinato, sicariato, extorsión, chantaje, narcomenudeo, etcétera,  indudablemente afectan a  la población, pero especialmente a la juventud por su participación activa en estas  organizaciones criminales, la  realidad  actual  impone  nuevos retos a las instituciones encargadas de la seguridad pública, especialmente en el área de prevención del delito; y de igual manera obliga a la sociedad a entender la realidad de este nuevo  fenómeno criminal, para no verlo únicamente  desde la perspectiva criminal, sino abordarlo también como un fenómeno social de pobreza,  insatisfacción, frustración, falta de oportunidades, que padecen los jóvenes al no tener posibilidades de  alcanzar una vida digna.

Debido a las reglas por las que se rigen las maras para el ingreso de nuevos miembros y regularmente por la edad de estos, se vuelve complejo y difícil para las agencias de  inteligencia  civiles y policiales, poder penetrar sus estructuras, por lo tanto, la recolección de información que en el tema de maras hace la Policía Nacional Civil es limitado, reduciéndose a la  información recabada cuando se hacen capturas de miembros de estas organizaciones o a la información que trasladan informantes, vecinos anónimos en los lugares en donde estas operan, y de igual forma se utilizan las fuentes abiertas de información.

De esa cuenta, la inteligencia que se logra recabar en los diversos centros carcelarios en donde están recluidos miembros de estas pandillas es  confiable, ya que se tiene la ventaja de tener a los integrantes de estos grupos criminales no solo recluidos, sino de alguna manera controlados, y la información va fluyendo a través de informantes,  delatores, por medio del control y observación, y de las requisas que se hacen constantemente.

En conclusión, las maras se han convertido en un problema de difícil solución por parte del Estado, ya que está afectando a niños y adolescentes que son el patrimonio de un país y que al paso que se van dando los acontecimientos en que participan estas estructuras criminales, cada vez va a ser más difícil enfrentarlos y contenerlos, esto obliga a  definir políticas públicas que permitan generar oportunidades para que los niños y jóvenes que estén en riesgo de involucrarse en este tipo de organizaciones no lo hagan y además se hace urgente implementar un sistema carcelario y correccional ajustado a la realidad de este fenómeno criminal para que los que se encuentren recluidos en esos centros no puedan operar desde ese lugar.

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