Nuestro individualismo inmisericorde
El crimen de las cuarenta y una niñas en el “Hogar de la muerte” aún está impune. El Presidente de la República y el Ministro de Gobernación desesperados tratan de encontrar otros culpables para esconder su responsabilidad, cuando fueron ellos quienes autorizaron, o al menos aceptaron, el encierro ilegal de las niñas. Acusan a los padres, a las autoridades menores pero, arrogantes y soberbios manipulan la información y se esconden cobardemente detrás de sus funcionarios. Hasta ahora no se ha capturado a quien puso y no quitó a tiempo el maldito candado. Como tampoco, y lo más importante, a quien ordenó ponerlo e impidió quitarlo cuando ante el intenso calor dejó a las niñas en ese infierno. Y mientras eso no se hace otras muertes, otros crímenes, otros circos bajo el mote de “interpelación” se producen, intentando sumir en el olvido tan violentas y dramáticas muertes.
En ese mar de lodo que es la actual gestión gubernamental, del que algunos ilusos tratan de salvar a supuestas superhéroes que ayer dijeron “yo no tengo presidente” y ahora le obedecen y protegen en sus insensateces y crímenes, el asunto del Hogar Rafael Ayau comienza a mostrar los mecanismos ideológicos que condicionan nuestros comportamientos. Educados en un cristianismo mecánico y utilitario damos importancia a supuestas prácticas caritativas, pero nos emperramos en no asumir responsabilidades públicas a través del instrumento de organización colectiva que es el Estado. La muerte violenta de las cuarenta y una niñas fue consecuencia de la irresponsabilidad criminal de las autoridades. Eso no está en duda.
“Los escasos bienes públicos no pueden otorgarse para acciones privadas de dificil fiscalización cuando se carece de ellos.”
Pero la solución para dar atención adecuada a los sobrevivientes no está en privatizarla, si no en profesionalizar al máximo esas instituciones, actuando las organizaciones sociales como efectivas veedurías y auditorías colectivas. Los escasos bienes públicos no pueden otorgarse para acciones privadas de difícil fiscalización cuando se carece de ellos. La procura de nublados cielos o confusas redenciones son cuestiones individuales, la atención adecuada de todos esos niños, en cambio, es responsabilidad colectiva pues, como cualquier otro niño, forman parte de nuestra sociedad. En la piñatización que de los bienes públicos hizo el gobierno de Álvaro Arzú se siguió el dictado ideológico que para entonces predominaba en el mundo y que ahora apenas si se practica en sociedades atrasadas como la nuestra: privatizar lo público y convertir en mercancía todos los servicios.
Irresponsablemente se puso en manos privadas un bien y una institución que era pública y que, como tal, debe ser vigilada por la sociedad. La atención de los niños en abandono, vejados o en riesgo de sufrirlo dejó de ser caridad para convertirse en obligación de todos en 1857 cuando, por iniciativa de Francisco y Miguel Espinoza y Rafael Ayau se acordó crear el Hospicio, precisamente en terrenos públicos que habían pertenecido al convento de San Francisco. Ayau fungió como presidente de la directiva seglar de ese centro, y por su empeño y entrega décadas después se le puso su nombre. Fue durante el régimen liberal de Justo Rufino Barrios que las Hermanas de la caridad asumieron el control oficial del centro, y fue con Estrada Cabrera, a iniciativa de su madre, que a inicios del siglo XX se equipo y financió con recursos públicos. Fue en esa época que se crearon los talleres de oficios.
Jorge Ubico trasladó su control a manos del ministerio de gobernación, criminalizando a esos niños que pasaron a sufrir vejámenes semejantes a los actuales. En mayo de 1950 el gobierno lo reformó y reorganizó, creándose el Centro Educativo Asistencial, en un intento por ciudadanizar a los niños allí atendidos. En 1956, al milatarizarse el estado se regresó a la visión ubiquista. Los terrenos e instalaciones del Rafael Ayau siempre han sido del Estado, teniendo capacidad para atender a decenas de niños, tal y como lo narra Fuentes Girón en su emotivo libro (Artemis Edinter 1999).
Los ciudadanos debemos entender que la caridad no puede ni debe ser fiscalizada, y quien la recibe es automáticamente discriminado. Lo que estos niños exigen es un trato adecuado y decente como el de cualquier ciudadano, pues son portadores de derechos y no simples objetos de misericordia.
