La rebelión esperanzadora de las niñas
Las energías del modelo político e institucional vigente a partir de la constitución de 1985 se han agotado. Los poderes reales que se fortalecieron desde 1954 y que fueron responsables de los asesinatos masivos durante el conflicto armado interno cambiaron a ser una estrategia de doble discurso consistente en pregonar la protección a la vida y de los más débiles, mientras se enriquecen desmedidamente por la vía de privilegios y corrupción.
“Lo que rebasó los límites y pone en cuestionamiento la legitimidad del sistema político es el asesinato de las 41 niñas y adolescentes”
Sin embargo, esta forma de mantener la hegemonía ha conducido una y otra vez al uso prepotente de la fuerza y sin duda alguna a desvirtuar el último recurso legítimo de un estado de derecho como lo es el restablecimiento del orden público. Cualquier manifestación en defensa de los principios y derechos establecidos en la constitución ha sido sujeta a la represión como ocurrió en el año 2011 con el desalojo de la finca Miralvalle y durante el 2012 con las intervenciones del ejército y las fuerzas públicas ante la manifestaciones de los 48 Cantones; en Santa Cruz Barillas por la oposición a la Hidroeléctrica; o el sitio y represión a la comunidad en San Rafael las Flores por su negativa ante la amenaza de la contaminación ambiental del proyecto minero.
Lo que rebasó los límites y pone en cuestionamiento la legitimidad del sistema político es el asesinato de las 41 niñas y adolescentes y el desaparecimiento de 105 más. Esta fue la respuesta del Estado ante el atrevimiento que ellas tuvieron de hacer frente a un sistema de opresión que las violentaba brutalmente, las atormentaba y las hacía víctimas de redes de trata de personas. Reiteradamente se dieron signos de malestar ante una situación ya insoportable. Pero las entidades responsables no quisieron escuchar haciendo caso omiso a las angustiosas llamadas de atención que evidenciaban el maltrato y la explotación. Las acciones de liberación que emprendieron amenazaron la estructura que se aprovechaba de su situación de ser menores y ser mujeres. La respuesta del gobierno a la rebelión de las niñas frente a la injusticia fue abordada con la intervención desmedida de la fuerza.
La brutalidad que vivieron las niñas del hogar “Virgen de la Asunción” dio un mensaje claro: en Guatemala la libertad tiene como precio la muerte. La expresión del poder se manifestó en lo que representa este sistema despiadado y violento en toda su naturaleza. La cobertura de este hecho a nivel nacional e internacional a través de los medios televisivos, radiales, escritos y electrónicos, impide a cualquiera apelar ignorancia de lo ocurrido. No obstante, los telenoticieros nacionales de los canales abiertos, de manera maliciosa posicionaron este hecho como parte de un complot político, induciendo el mensaje subyacente que reitera la debilidad, la paciencia y la resignación de la población más desamparada y oblitera otra interpretación que no sea la justificación de un poder que se ejerce de manera ilegítima.
No puede obviarse la existencia del núcleo violento de poder que se ejerce contra los más débiles a quienes se les reduce a la amenaza constante y a una existencia de horror entre la vida y la muerte. Sin embargo, la acción de rebelión de las niñas representó una postura de dignidad y respeto hacia sí mismas; fue un heroísmo humanizado por quienes se resistieron frente a un poder mucho mayor. Exigir y hacer justicia abre el camino hacia lo que ellas avizoraban: un futuro de esperanza a pesar de sus tribulaciones.
