Columnas

La propuesta de Velásquez

La queja desesperada de Iván Velásquez sobre la prevalencia de la impunidad aseverando que en Guatemala “Todo se pensó para que la justicia no funcionara”, conduce al develamiento de aquello que sabemos, pero que regularmente escondemos como mecanismo de sobrevivencia. La interpretación obvia no se refiere al modus operandi de quienes cotidianamente son corresponsables de un sistema de descomposición en las relaciones de las personas comunes y corrientes que violan la ley al solicitar favores para conseguir un puesto en el Estado, sacar un producto de las aduanas, conducir bajo estado de ebriedad, hacer cobros extras a los usuarios de diferentes servicios o pesar inexactamente los productos que se venden en un mercado.

“Es necesario precisar que el proyecto basado en la justicia debe ampliar la participación de la sociedad civil”.

No obstante, estas condiciones son deplorables por el desequilibrio moral, en realidad él se refería a los grupos que operan las matrices para enriquecerse y mantener un estado imperante de la injusticia. En este sentido Velásquez condena las relaciones entre los políticos, empresarios y jueces vinculados a la corrupción y el lavado de dinero. A tal punto ha llegado el poder de la impunidad que el Comisionado indica que supera el 97% y que la “resistencia a desaparecer… pretende mantener el aparato estatal como herramienta para unos pocos”. Las afirmaciones de Velásquez configuran un amplio proyecto social de liberación a favor de “una nueva ciudadanía más participativa y organizada”. En otras palabras nos hace un llamado para desmontar la gran estafa a la cual hemos llamado democracia.

De ninguna manera se atenta contra el principio liberal de derechos fundamentales para la vida, la libertad y la propiedad. Tampoco se refiere este llamado a una forma particular de un gobierno con tintes específicos de elección de la política. El mensaje es claro, sin la capacidad de hacer justicia el ejercicio ciudadano queda sin fundamento; es más, la acción cívica se construye a partir del régimen legal de derecho y de la posibilidad de su cumplimiento. El proyecto por la justicia propuesto, evita que las soluciones ante la necesidad del cambio de las leyes y de las políticas de gobierno tengan un matiz violento.

En este contexto, debemos comprender las acciones que realiza en la actualidad la CICIG y el MP, así como las propuestas de reformas constitucionales que el Congreso aún no aprueba y que están encaminadas al fortalecimiento del sector justicia. Lo que está en juego es la manera para resolver el problema de la impunidad que ha cooptado las instituciones democráticas. Si no atendemos y apoyamos de manera contundente el proyecto que propone la CICIG, estaremos muy pronto ante la pregunta inevitable que expresa Dworkin, acerca de la desobediencia civil en un marco democrático liberal: “¿En qué momento el deber de obedecer las leyes promulgadas por una mayoría legislativa o los actos del ejecutivo apoyados por esa mayoría dejan de ser obligatorios ante el derecho a defender las libertades de uno mismo y el deber de oponerse a la injusticia?”.

 Es necesario precisar que el proyecto basado en la justicia debe ampliar la participación de la sociedad civil, de tal manera que se construyan canales para escuchar las diferentes voces y la pluralidad del pueblo y no solo a aquellos grupos que regularmente han tenido una capacidad de negociación, por lo general minorías organizadas con capacidades económicas y de lobby. Esto significa establecer un marco de acción del gobierno limitado, delegado, revocable y democrático.