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¿Hemiciclo o cuadrilátero?

editorial

La presencia de distintas asociaciones civiles que deseaban manifestar tanto a favor como en contra de la propuesta discutida en el hemiciclo, durante la sesión ordinaria, cuyo orden del día giraba en torno a la discusión del proyecto de Reformas al Sector Justicia, concretamente en lo referente a la modificación del artículo 209 del texto constitucional, provocó tensión en el ambiente cuando personal de Seguridad del Congreso, restringió la entra- da a manifestantes de ambas posturas. Uno de los protagonistas, el diputado Ernesto Galdámez, a quién señalaron de haber agredido a un miembro del personal de seguridad y quien restando importancia al incidente, declaró que son cosas que ocurren en el cine, y en el estadio.

Sin embargo, el comentado incidente de los empujones, se ajusta con precisión milimétrica a la lucha de fuerzas que se produce en el interior del hemiciclo parlamentario, durante el desarrollo de las recientes sesiones, que han tenido por objeto la discusión de la propuesta de las reformas al sector Justicia. Las mismas, no avanzan de manera significativa, por la existencia de intereses particulares. La polarización de las fuerzas en oposición, metaforizada en el empeño en hacer prevalecer la propia posición sobre la del opositor, defendiendo con argumentos relativamente convincentes, los postulados por los cuales un segmento poblacional se inclina hacia la aprobación, mientras otro la rechaza firmemente.

Cabe señalar que los argumentos vertidos por quienes se oponen a la misma involucran una serie de factores: la falta de legitimidad de la propuesta, por haber sido redactada en conjunto por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG) el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), organismos carentes de iniciativa de Ley, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, y quienes a su vez, señalan al ente internacional, de excederse en el mandato contenido en el acuerdo suscrito con el Estado guatemalteco, pues este se limita a la investigación y desarticulación de cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad y a realizar recomendaciones al Estado guatemalteco para la adopción de políticas públicas, destinadas a prevenir su aparición, por lo que proponer iniciativas destinadas a modificar la Ley fundamental guatemalteca, es un asunto fuera de su competencia y contradictorio a la soberanía nacional, reconociendo, no obstante la necesidad de realizar modificaciones en la misma.

Por su parte, los principales argumentos de quienes se inclinan hacia la aprobación de las reformas, apelan a la necesidad de persistir, en la lucha contra la corrupción y velar por la independencia del poder judicial, propiciando su intervención y desatendiendo el hecho de que la propuesta de involucrar la creación de un organismo paralelo de Estado y el monopolio de la justicia, provocaría la judicialización de la política y como resultado de la misma, el establecimiento de una tiranía en el país.

Independientemente de la postura que cada ciudadano adopte en relación al tema, es necesario que la ciudadanía sea capaz de escuchar la propuesta contraria. De analizarla en profundidad y respetar la validez, aunque sea parcial del planteamiento ajeno. Es con discusión seria y fundamentada y no con empujones eternos y estériles, como se logrará determinar el rumbo que deben adoptar las reformas constitucionales.

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