Ciega defensa del statu quo
Truncada la revolución de octubre -en 1954- Guatemala cayó en un hoyo profundo del que no sale. Ni la entrada en vigencia de una nueva Constitución, en 1986, ni la firma de la paz, en 1996, hicieron posible la construcción de un Estado más eficiente, fuerte y rector de las políticas económicas en salud, educación, seguridad pública y justicia. Seguimos con indicadores que nos sitúan muy por debajo en la lista de países en desarrollo. Como todo aquello que no se renueva, que no cambia, el país está en decadencia. Un Estado sin reformas como el de Guatemala cae en la parálisis o en la ingobernabilidad.
La oposición a las reformas constitucionales es el reflejo de nuestro atraso, porque los sectores dominantes sociales y políticos aún enarbolan el discurso de 1917, calificando de comunismo todo lo que se opone al statu quo. ¿Para qué? Para que todo siga igual o que el enfermo solo sufra retoques de maquillaje.
“Sin una reforma profunda del Estado, sin correctivos, sin cambios, viejos paradigmas seguirán postergando el desarrollo y la modernización del país”.
Con esa actitud seguiremos igual toda la vida, de generación en generación. Respondiendo como aquel niño al que le preguntan qué será cuando sea grande: pobre. El Congreso de la República es un reflejo de la llamada clase política tradicional, representativa de partidos políticos sin cuadros y sin relevo. Además, sin democracia interna. Con dueños. Por lo tanto, principio y fin de cualquier reforma que de veras busque generar un mejor ejercicio de pesos y contrapesos.
Por ejemplo: ni el Congreso ni las Comisiones de Postulación son las más idóneas para nombrar a los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales del Ministerio Público ni magistrados de la CC. Tampoco las universidades. A la academia deberían decirle: zapatero a tus zapatos. La reforma a la administración de justicia no tiene nada qué ver con Venezuela ni con Cuba ni con marte ni con saturno. Es cuestión de un principio universal de las democracias que se llama independencia de poderes. La resistencia de muchos diputados a la reforma está vinculada a la decadencia de los partidos políticos, idea que nos refiere a un ejercicio viciado, clientelar, del poder.
Los políticos no son capaces de aportar soluciones a los problemas de la pobreza ni para mejorar el acceso y la calidad de la educación y la salud. Con mucho sentido la percepción de la gente es que el poder solo beneficia a unos pocos y que los políticos solo se sirven del poder para enriquecerse. Solo un 23 por ciento opina que se gobierna para el bien de todo el pueblo. Algunos sectores y personalidades se unen a los políticos en ese afán de defender y sumar prerrogativas del sistema, anteponiendo sus intereses de grupo a los intereses nacionales y colectivos.
Sin una reforma profunda del Estado, sin correctivos, sin cambios, viejos paradigmas seguirán postergando el desarrollo y la modernización del país. Con ese marco de desigualdad e inequidad social, la impunidad, la corrupción y la inseguridad, también continuarán siendo los principales factores de riesgo para la viabilidad de Guatemala como Nación.
