La politización del caso del coronel Chiroy y su tropa y la victimización de los uniformados

Por: Ignacio Andrade

Esta no es la primera vez que escribo sobre este triste tema, producto de la politización de la justicia. El Caso del Coronel Chiroy y la Cumbre de Alaska. La figura por el cual el Coronel Chiroy ha sido ligado a proceso  establece una pena de prisión que ya habría concluido aun si fuera la máxima disponible y el Coronel,  cuatro años después sigue en Prisión,  no obstante que lo anterior.

El Ministerio Publico en el presente caso, ha interpuesto  cualquier cantidad de recursos para que el proceso no avance. Pareciera ser que el ministerio público busca desesperar para obtener un reconocimiento de responsabilidad que es improcedente a todas luces,  y manteniendo la prisión se convierte en una presión irrazonable para obtener este reconocimiento de responsabilidad. Si el Ministerio Público deseara perseguir por otros delitos al procesado debe oírlo en indagatoria antes por cada una de dichas figuras. Ha tenido cuatro años para hacerlo y no lo ha hecho. Si el Ministerio Público no tiene elementos suficientes, pero espera poder tenerlos debe hacer lo que en equidad procede,  pedir la clausura provisional del proceso.

Pareciera ser que en estos casos y en todos los casos en que la policía o el ejercito interviene,  en automático hay prisión, en automático hay demoras de parte del ministerio público.  Portar el uniforme es una presunción de responsabilidad.  Recientemente,  se captura a seis policías nacionales por presunta violencia en contra de amotinados de las gaviotas,  en las que sus “víctimas”  amotinados todos y en muchedumbre dieron muerte a dos monitores. La captura se basa en un video en el que no puede apreciarse lo que ocurre antes ni lo que ocurre después.  Podía ser que los agentes pensaron que algunos de los que estaban allí ¿estaban armados? ¿Los entrevistaron antes? Pareciera ser que el Ministerio Público vio un video y estableció que había indicios racionales de criminalidad con solo ver un video a cuarenta metros de distancia. La pregunta razonable en este caso es si la autoridad tenía fundamento para ejercer fuerza o no y si el ejercicio de la misma era racional dadas las circunstancias. ¿Ya habían llegado al lugar antes los agentes? Se podía apreciar si los “vestidos de primera comunión” con los que estaban tratando, ¿estaban obedeciendo instrucciones? El efecto  principal  es que  la autoridad tiene temor de actuar, temor de aplicar la ley.

La lucha contra la criminalidad no se gana sin el ejercicio medido de poder de parte de la autoridad.  Las maras están armadas dentro y fuera de la cárcel. No enseñan  cuchillos y armas y proceden a traición. Si no estamos dispuestos a formar protocolos adecuados en que la autoridad pueda utilizar fuerza física y armas sin temor a que se le procese, mejor mandemos desarmados a las autoridades, pues el efecto de utilizar las armas es una prisión automática de un año,  y si no se someten al ministerio público,  de cuatro años como el Coronel  Chiroy. Estamos cometiendo una injusticia con nuestras fuerzas de seguridad y como ciudadanos no podemos quedarnos  sin decir nada ante esta serie de injusticias. Si cualquier acto de violencia  de parte de la autoridad va a implicar una presunción de culpabilidad, nos vamos a quedar sin policías ni militares y peor,  cuando necesitemos que actúen no lo van a hacer por temor no a los delincuentes sino a la autoridad.