Hoy por ti, mañana por mí
La Corte Suprema de Justicia más cuestionada de los últimos tiempos, que corre el riesgo, como dijera la ex magistrada Stalling, de ver a la mayoría de sus integrantes sometidos a proceso, no podía tener otra mejor idea que presentar iniciativa de ley para reducir hasta en una tercera parte las penas de los imputados que acepten la culpabilidad. Seguramente tienen en mente el dicho de “hoy por ti, mañana por mí”.
Es cierto que procedimientos similares existen en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, le permitió a Portillo obtener una sentencia relativamente breve, que le permitió volver campante y sonriente, para postularse como diputado. Pero, tal como está planteada la propuesta beneficiará a los imputados por cualquier delito, salvo los de lesa humanidad. “Expertos” que han comentado afirman que, partiendo del principio de que las leyes deben ser de carácter general, no es conveniente incluir más excepciones, lo que implica necesariamente que funcionarios corruptos, narcotraficantes y extorsionadores eventualmente serán beneficiarios.
El pretexto – descongestionar los tribunales y los centros de detención – sería atendible en otras circunstancias, pero no en esta coyuntura, donde los ciudadanos estamos esperando que la justicia funcione en los procesos contra una legión de funcionarios acusados de actos de corrupción. También hay que tomar en consideración el tipo de delincuente, altamente peligroso, que predomina en la actualidad: narcotraficantes, extorsionadores, sicarios, con mínimas o nulas posibilidades de reinserción pacífica a la sociedad.
Meses atrás pretendieron en el Congreso pasar una iniciativa que buscaba la reducción de penas. El rechazo ciudadano obligó a que fuera engavetada. Hace pocas semanas vimos al ex contralor y ex superintendente de la SAT, el tristemente célebre Abadío, luciendo su ridículo peluquín, saliendo de prisión con cara de quien no ha matado una mosca. Abreviada la pena por “buen comportamiento”, sale a tiempo para disfrutar los millones que acumuló en el ejercicio de los cargos. Es por ello que resulta obligado, ante la propuesta de la CSJ, aplicar el dicho aquel de “piensa mal y acertarás”.
Si en la Corte Suprema, el Ejecutivo o el Congreso hubiera una voluntad real de combate a la corrupción, hace rato que habrían presentado una iniciativa para aumentar las penas por delitos vinculados a la corrupción. Dichos aumentos no aplicarían para la Pérez Molina-Baldetti y sus adláteres, pero tendría un efecto disuasivo sobre funcionarios actuales y futuros. La corrupción es un auténtico crimen en contra de los intereses del pueblo. Además del desprecio ciudadano a los corruptos, es necesario endurecer las penas y negarles todo tratamiento que pueda favorecerles, como medidas sustitutivas, redención de penas, procedimientos abreviados. Aquí se justifica plenamente un derecho penal del enemigo, que sea implacable y vengativo. Porque son verdaderos enemigos del Estado de derecho y del pueblo. Igual tratamiento procede contra narcotraficantes, extorsionadores y sicarios.
Extraña que funcionarios del MP apoyen de primas a primeras la iniciativa. Contrasta con la opinión de una diputada como Nineth Montenegro, quien dijo que había que analizarla con reserva. Y lo hagan casi al mismo tiempo que el comisionado Velásquez afirma que el crimen organizado, y ya no digamos las mafias que han medrado y medran a costal erario público, se preparan para incidir en la designación del futuro jefe del MP, de la misma manera que en su momento lo hicieron con elección de buen número de actuales magistrados del poder judicial.
Adicionalmente el gobierno debe dar a conocer a la población las condiciones en las que viven los recluidos en Mariscal Zavala y tomar medidas eficaces, de pleno conocimiento púbico para que terminen las “jaulas de oro”.
Cada vez hay más escepticismo sobre que los juicios contra Pérez Molina y su pandilla concluyan en sentencias ejemplares. Si las condenas son leves saldrán a tiempo para disfrutar riquezas acumuladas en caletas y paraísos fiscales. Por ello continúan los hechos de corrupción y el descaro en el manejo de los recursos públicos. Ante esto la frustración ciudadana puede transformarse e ira incontrolable y llevarnos a una situación caótica.
