El caso Lima: la lección
La estructura del sistema penitenciario debe comprenderse desde una lógica corporativa. El Estado transforma ese sector (al igual que muchos otros) en un botín que puede ser exprimido económicamente al mejor postor. Cuando eso funciona así- y en este caso particular- resulta que el perfil de alguien como Lima se hace fundamental para la lógica del Estado: alguien que por su formación militar sabe imponer el orden y establecer la violencia cuando es necesaria. Lo anterior asegura en efecto el control del espacio físico pero la mancuerna no se cierra sin reconocer que también el perfil de Lima tenía un componente de empresarialidad que hacía rentable la estructura de la cárcel. Tanto para desarrollar rublos económicos legítimos hacia lo interno así como, para el cobro de cuotas, diezmos, sobornos etc. Incluso, bajo esta lógica, el control del narcomenudeo. ¿Cómo resulta esto posible? Bajo el siguiente argumento que estipula que el Estado debe consensuar con los internos el modelo que asegure el mejor ambiente dentro del espacio penitenciario. Allí, se teje la relación de complicidad. Porque una cosa es dialogar con todos los internos (o representantes designados) y otra muy distinta es que un interno en particular tenga incidencia directa en la nominación de los perfiles para dirigir las diferentes cárceles. Eso fue precisamente lo que la investigación iniciada por CICIG sobre este rublo trajo a la luz. Todo esto es, en efecto muy interesante. Primero, porque se revela la conformación clarísima de un CIACS. Y dicha estructura, concluye siendo el instrumento del Estado por vía de mecanismos no formales ( allí, la ilegalidad) para asegurar el funcionamiento del sistema de prisiones. Segundo, se hace patente como las dinámicas generadas por estructuras paralelas tienen en efecto la capacidad para corromper mecanismos que en diseño y principio son legítimos.
Aunque el perfil de Lima era utilísimo para el Estado, y a pesar de lo eficiente que resultó en este rol, lo triste de toda esta historia relacionada con la dinámica de estructuras paralelas es confirmar que nadie resulta indispensable. Así las cosas, el sistema absorbe el shock y tiene la facilidad de escoger entre tantos perfiles disponibles para cumplir con los mismos objetivos. El Estado utiliza el amplísimo mercado de estructuras paralelas para generar simplemente una circulación de las mismas.
El país se acostumbró a tercerizar el control del sistema penitenciario en manos de estructuras que son crimen organizado u operan cómo que fueran crimen organizado. Y esto se entiende como perfectamente normal. Si la misma lógica de dejadez y ´ethos mafioso (por parte de un Estado y una ciudadanía) se aplica a, aeropuertos, puertos, reclutamiento por parte del Estado, aduanas, la canción se llama ´cooptación del Estado´. Reconocer esto no significa ser pro-CICIG, no significa ser aliado o propulsor de la cooperación internacional y muchos menos un neocomunista adorador de Naciones Unidas. Reconocer esto significa tener tantito sentido común y no ser ciego ante la evidencia. ¿Cuál evidencia? Que el Estado de Guatemala se encuentra infestado de estructuras paralelas.
Por eso es que, aunque pueda sonar a pérdida de la soberanía nacional, si no hubiese un acompañamiento del sistema de Naciones Unidas los ejes de reforma del Estado posiblemente no serían tema de discusión. Y sin esa variable – que a veces se percibe como piedra en el zapato- hay que reconocer que con la estructura económica que el país tiene y su marco de reglas, posiblemente el país estaría como Honduras o Haití. El problema no es la intromisión, el problema es cuando los actores políticamente relevantes van a madurar para tomar las cosas en serio
