Justificada exigencia
Escribió recientemente Arturo Zaldívar (Prisión preventiva: condena sin sentencia, Milenio.com, 11/07/2017) que: “Existen voces que pretenden plantear un falso debate entre el respeto a los derechos humanos y el combate a la delincuencia. Presentan la cuestión como […] que a mayor garantismo penal corresponde menor protección del orden público, o como un asunto de tensión entre los derechos de víctimas y delincuentes. En esta lógica, sostienen que la prisión preventiva es necesaria para la seguridad en las calles, para evitar que los delincuentes las invadan…” Y algo más: “La realidad es que el uso de la prisión preventiva está profundamente arraigado en nuestra cultura y en nuestra práctica judicial, y que con ello se ha normalizado la percepción de que es un instrumento válido de persecución penal. Sin embargo, las consecuencias negativas de su uso excesivo están ampliamente documentadas: propicia condiciones de hacinamiento y violencia en las cárceles; tiene un impacto desproporcional en las personas de menores recursos por la dificultad de acceder a una defensa adecuada o pagar una fianza; eleva los costos de la gestión penitenciaria, y genera un incentivo para alargar los procesos, así como para dictar sentencias condenatorias que justifiquen los largos periodos de reclusión preventiva.” ¿Suena familiar, no?
Piero Calamandrei (Elogio de los jueces escrito por un abogado, 3ª ed., 1969) relata la historia del Magistrado Pasquale Saraceno, para quien “Los problemas de la búsqueda de la verdad en el proceso penal… y el error judicial era(n) su obsesión”, por lo que solicitó permiso “para permanecer con nombre falso durante algunos meses en una cárcel, entre los delincuentes comunes, a fin de medir con la experiencia sus sufrimientos y buscar en la realidad de la cárcel la justificación (si la hay) de la pena. Y sobre todo lo turbaba la idea del pobre, preso entre los engranajes de la justicia, que no tiene medios ni cultura para defenderse aunque sea inocente, y le parecía que la justicia y el patrocinio, tal como se rigen en Italia, fueran a menudo un privilegio de los ricos.” ¿Debería exigirse que los jueces de lo penal pasen una temporada en la cárcel?
