Requiem por el acto político

Motivado por la columna de Fritz Thomas (Prensa Libre 07.09.17), valga recordar que con la reforma constitucional de 1927 se introdujo el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo cuya finalidad era conocer “de actos, o de resoluciones puramente administrativas”.  El principio se conservó en las Constituciones de 1945 (referido a “resoluciones o actos puramente administrativos”, Art. 164); de 1956 (con “actos o resoluciones en los que la Administración pública proceda en ejercicio de sus facultades regladas”, Art. 194) y de 1965 (“facultades regladas”, Art. 255). Cambió el nombre pero no el concepto: los “actos políticos” fortalecen e incrementan el poder del Gobernante invocando la “Razón de Estado”, creando su inmunidad al enjuiciamiento.

Decía el Decreto Legislativo 1550 (nuestra primera Ley de lo Contencioso Administrativo) en su artículo 7º que de su ámbito de enjuiciamiento excluía las cuestiones que por la naturaleza de los actos de que nazcan o de la materia sobre la que versen, “pertenezcan al orden político o de gobierno”.  Al ser sustituido por el Decreto Gubernativo 1881, se mantuvo tal exclusión hasta 1996.

Cambió las cosas la actual Constitución. Su artículo 221 instituyó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como “contralor de la juridicidad de la administración pública”; disposición que fortalece con su artículo 152 diciendo que el ejercicio del poder “está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley” y que “Los funcionarios son depositarios de la autoridad […], sujetos a la ley y jamás superiores a ella…” (Art. 154). ¡Se acabaron, pues, los actos “políticos” otrora inmunes al enjuiciamiento de su legalidad!

Declarar non grato a un agente diplomático –a quien representa a un Estado soberano—podrá ser considerado como un acto político; pero hoy es jurídicamente enjuiciable en cuanto a su fondo y su forma, como cualquier acto administrativo. Se trata de evitar las “inmunidades del poder”, combatir la arbitrariedad y la ilegalidad, incluso por la vía del proceso de amparo; todo para que el Gobernante actúe conforme a Derecho, al igual que nosotros, los gobernados. ¡Exigencias del principio de legalidad!

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