Columnas

Nuevo modelo de gestión penitenciaria

La Constitución de Guatemala establece que el “Sistema Penitenciario (SP) debe tender a la readaptación social y reeducación de los reclusos y cumplir con el tratamiento de los mismos”, mientras la Ley del Régimen Penitenciario estipula que el SP tiene como fines: “a) Mantener la custodia y seguridad de las personas reclusas en resguardo de la sociedad; y, b) Proporcionar a las personas reclusas las condiciones favorables para su educación y readaptación a la sociedad, que les permita alcanzar un desarrollo personal durante el cumplimiento de la pena y posteriormente reintegrarse a la sociedad”.

A pesar que constitucionalmente se ha establecido como principio que el fin de la pena es la readaptación y reeducación, el SP no ha cumplido con este fin y por años ha privilegiado la custodia y seguridad, sin brindar las condiciones para que un privado de libertad pueda reeducarse y rehabilitarse.

La inclinación de solo custodiar a los privados de libertad, olvidando cumplir con la reeducación y rehabilitación, no es única de Guatemala, la mayoría de países latinoamericanos están en la misma línea, debido a que los Estados no asignan el presupuesto suficiente al régimen penitenciario, lo que no les permite suscitar un buen programa de reinserción social.

Como consecuencia de esa falencia, se tiene que en las cárceles todo se paga, hay mafia, corrupción, hacinamiento y muchos privilegios para unos. El sistema actual sólo permite que se escuchen noticias de motines y muertes en las prisiones.

Desde el siglo XIX, se vienen impulsando principios como la humanización de las penas o el trato digno de las personas privadas de libertad, es decir se llevan más de dos siglos persiguiendo los mismos conceptos del siglo XIX, pero en la práctica, se observan pocos avances positivos en materia penitenciaria, existiendo una gran brecha entre la cárcel legal con la real.

Para innovar esa realidad, se deben modificar paradigmas, iniciando que el Estado debe invertir en las cárceles y asignar un presupuesto con el que se puedan promover los cambios. Es necesario que sí se desea prevenir el crimen, hay que cambiar el modelo penitenciario corrupto que impera hoy, pero la motivación no debe ser únicamente esa, sino que cumplir con la función que le asigna la Constitución al Sistema Penitenciario, para lo cual el Estado debe proporcionar un presupuesto justo para que el gobierno que asuma la transformación pueda efectuarlos.

Uno de los países que hace 14 años inició la revolución penitenciaria, específicamente en el año 2003 fue República Dominicana. En ese año, el 30 de julio se crea la Escuela Nacional Penitenciaria con el prototipo de educar a los guardias que no cumplieran con el único papel de brindar seguridad a los internos sino que desempeñaran la función de ser propiciadores para trabajar para la libertad y reinserción, fue así como se inició el proyecto del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria en la cárcel San Felipe, Puerto Plata, República Dominicana que inició a funcionar un año después.

A estas cárceles del nuevo modelo de gestión penitenciaria se les denominó Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR). En la actualidad en ese país coexisten recintos penitenciarios en todo el territorio nacional con el modelo penitenciario tradicional y otros que corresponden al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

El nuevo modelo de gestión penitenciaria se inspira en el respeto a la dignidad humana, pues se privilegia la rehabilitación y reeducación y para lograr ese fin, los internos trasladados a estos recintos son sometidos a una profunda evaluación por parte del equipo multidisciplinario, para determinar sus aptitudes.

Los centros penitenciarios no deben poseer hacinamiento, con lo que se eliminan los maltratos y mafias y se hace más fácil el proceso de rehabilitación. Cada recluso tiene su propia cama, un baño por celda, tienen salas para ver televisión, pero deben cumplir con un horario para trabajar y/o estudiar, además limpiar de forma rotativa y preparar su alimentación de la cual comerá el personal administrativo y guardias penitenciarios. Está prohibida la circulación de dinero en efectivo, se trabaja a través de cupones que únicamente puede cambiar el propietario.

En este nuevo modelo no se compra el dormitorio, cama o plancha porque todos gozan de los mismos derechos y privilegios, lo cual aplica a personas con perfil económico alto y bajo, por lo tanto las personas se esfuerzan para mantenerse en recintos de este tipo y no en los tradicionales. Además, el modelo permite llevar a cabo actividades de atención post penitenciaria a las personas liberadas, por lo que la gran mayoría logran insertarse con éxito a la sociedad. Ese modelo de gestión presume que la reincidencia de quienes estuvieron bajo ese sistema es únicamente del 2.7, la tasa más baja en toda Latinoamérica.

No obstante, el éxito de este modelo penitenciario radica en la voluntad política para implementarlo, así como el apoyo irrestricto de la comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, pero además con la activa participación ciudadana a través del Patronato Nacional Penitenciario y de los distintos patronatos locales, que se forman cada vez que se apertura un nuevo centro en este modelo.  El Patronato Nacional y los locales, realizan una función voluntaria muy importante, porque son quienes vigilan que el trabajo dentro de los recintos se esté realizando con transparencia, que los internos estén recibiendo buen trato como personas y son los obligados a dar la cara para que en el centro penitenciario no falte nada, con lo que se garantiza la sostenibilidad del modelo.

Guatemala conocedor de este programa, sus grandes logros y resultados, con el propósito de brindar una nueva oportunidad a las personas privadas de libertad, lo consideró como modelo idóneo para gestionarlo en el país e impulsar la propia transformación penitenciaria a nivel nacional.

Como parte del proceso, el país  ha enviado a República Dominicana a distintas delegaciones para conocer el modelo, entre ellos funcionarios del Ministerio de Gobernación, Patronato Nacional Penitenciario, Organismo Judicial y jueces de Ejecución Penal, Defensa Pública Penal, etc.

Entre las primeras acciones que el país ha suscitado para su impulso, es la capacitación de personal de primer ingreso en el SP para ser formados en República Dominicana como guardias penitenciarios en el nuevo modelo, además procedió a remozar y remodelar las instalaciones de la Cárcel Fraijanes I y ha consumado la conformación del Patronato Nacional Penitenciario, integrado por empresarios, personas honorables y funcionarios de algunas universidades.

La primera cárcel con este nuevo modelo de gestión penitenciaria, es el penal de Fraijanes I, que cuenta con una capacidad máxima para albergar a 155 reclusas, pero actualmente aloja a 65 reclusas aproximadamente. A la par se está formando la segunda promoción guatemalteca de guardias penitenciarios en el nuevo modelo y se tiene planificado crear una escuela centroamericana con dicho sistema para formar a los guardias,  y continuar con la incorporación paulatina de más centros a este tipo de gestión penitenciaria.

Cabe destacar que el compromiso e impulso del proyecto ha conseguido el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y República Dominicana.

Recientemente tuve la oportunidad de observar de cerca el nuevo modelo y puedo indicar que la cárcel tradicional es muy distinta a una del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Mientras en la primera el miedo asedia y la violencia se percibe, en la nueva, no se siente ese tipo de angustia y a simple vista se nota que las condiciones en que viven las personas privadas de libertad no conculcan derechos fundamentales básicos sino que al contrario ofrecen ese respeto a la dignidad humana.

No cabe la menor duda que este cambio en el SP permitirá en un futuro cercano contar con un moderno régimen penitenciario que cumpla con los mandatos de la Constitución, se ajuste a los estándares internacionales y cumpla sus tareas con legalidad, profesionalismo y justicia.

Para lograr que el cambio se consolide, se invita a los guatemaltecos a estar atentos e involucrarse en la sostenibilidad, en virtud que no es un secreto que cuando hay relevo gubernamental, en muchas ocasiones se eliminan buenas políticas impulsadas anteriormente y eso también sucede en el ámbito penitenciario en donde la inestabilidad del personal penitenciario provoca que buenos proyectos se destruyan, en lugar de darle continuidad.

La visión del cambio debe ser de país y no de gobierno, así como debe ser clara: Cumplir con la función más importante del SP que es la reeducación y rehabilitación de las personas privadas de libertad, lo cual debe de brindarse a través de un trato humano digno.

TEXTO PARA COLUMNISTA

Mireya Batún Betancourt

Abogada, Notaria y Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, postgrado en Criminología, especialista en ejecución penal con estudios en Doctorados de Ciencias Penales y Derecho Constitucional Internacional.