¿Mensaje recibido?, si nos dormimos nos joden

Guatemala lleva cuatro semanas inmersa en un huracán político. Un realismo mágico lo que estamos viviendo. La lucha de poderes y componendas son las que marcan este último mes.

Me remito a la Constitución Política de la República de Guatemala que en su artículo 140 establece: “Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de Gobierno es republicado, democrático y representativo.” Le sigue el artículo 141 que se refiere a la soberanía: “La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismo Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos, es prohibida.”

Guatemala no podrá ser un Estado libre, independiente y soberano si continuamos con la permisividad a los funcionarios públicos de realizar actos que atenten con las garantías del goce de nuestros derechos y libertades. El día de ayer, el Congreso de la República nos sorprendió, al estilo de “Crónica de una muerte anunciada”, con la aprobación, luego de una moción de urgencia nacional, de dos decretos que pretenden reformar el Código Penal.

Primero, reforman los delitos electorales. En un intento de auto-indulto, desligan a los actores políticos (los que buscan los votos) de ser responsables por las aportaciones económicas, dinerarias y en especie, que reciben durante las campañas electorales; asignándole la responsabilidad interna de fiscalizar e ingresar los datos al contador de la organización política.

Segundo, modificando los supuestos en que se puede solicitar la conmuta de la pena. La conmuta es una transformación de la pena en donde se altera la naturaleza de la misma, o sea, en vez de restringir la libertad se cambia por una cantidad económica, que se paga por cada día que debiere estar en arresto o prisión. La pena de prisión, actual (vigente), que se puede conmutar es aquella que no exceda los 5 años; ahora la elevan a 10 años. Si bien la conmuta no es automática, sino es a criterio del juez, con ello se abre la posibilidad de solicitarla en delitos como la extorsión o el cohecho, que atacan pandemias delictuales en el país. También eliminan barreras a delitos inconmutables, como al hurto y robo, y a los condenados por delitos contra la administración pública y la administración de justicia. ¡BARBARIDAD!

Sin embargo, no se contaba con que los guatemaltecos ya no seremos tolerantes, indiferentes ni espectadores. La mezcla de sentimientos generalizados de impotencia, engaño, vergüenza, espanto, indignación, entre tantos otros, permite traer a la reflexión que la soberanía, estimados chapines, no es un burdo término jurídico, la soberanía somos todos y cada uno de nosotros, en lo colectivo y lo individual, quienes hemos delegado el poder en las autoridades, a quienes debemos de fiscalizar y poner listones altos de moralidad.

Los consensos deben pasar por los asuntos estructurales que necesita Guatemala para mejorar como país. Ayer se antepuso reformas al Código Penal, innecesarias, sobre el proyecto de ley de la alimentación escolar, que sí estaba en la agenda.

¿Mensaje recibido?, si nos dormimos nos joden.

Ahora, exijamos cambios estructurales en la Ley Electoral y de Partidos Políticos que fortalezcan la democracia y la representatividad. Actuaciones como las del miércoles debilitan a Guatemala como un Estado libre, independiente y soberano, lo cual no estamos dispuestos a negociar.