Pacto colectivo y presupuesto abierto
En el año 2013 se firmó el último Pacto Colectivo entre el Ministerio de Educación y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala. Actualmente se indica que ya ha vencido y que deberá firmarse nuevamente. En el ambiente se ciernen muchas interrogantes acerca de esto, pues aunque el Sindicato ha planteado que desean un nuevo aumento, se desconoce si el Gobierno se ha comprometido en algunos puntos.
El Pacto Colectivo que ya venció contemplaba diversos temas, pero el más relevante por su impacto sobre el gasto público fue el aumento de 30% a los salarios de los docentes que incluyó. Los aumentos se dieron de la siguiente forma: 8% en 2013, 10% en 2014 y 12% en 2015. El costo de oportunidad de esos recursos tuvo un claro impacto sobre la cobertura y la calidad de la educación. Durante varios años no se pudo implementar el nuevo sistema de acompañamiento escolar debido a que no se contaba con fondos para hacerlo. Además, se dejó de ampliar la cobertura en preprimaria y en el nivel medio. Tampoco fue posible programar fondos significativos para dotar a las escuelas de equipo tecnológico y conectividad.
Negociar un nuevo Pacto Colectivo no debe traducirse en un cheque en blanco. No se debe perder de vista que todo aumento salarial debe ir acompañado de acciones para mejorar la educación en Guatemala. Es preocupante que pueda hablarse de un incremento salarial si éste no ha sido contemplado en el presupuesto del año 2018, como ha señalado el Ministerio de Finanzas en diversas sesiones enmarcadas en el Presupuesto Abierto. Cualquier asignación presupuestaria deberá pasar el filtro del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, que se gestiona desde SEGEPLAN. Además, para elevar la calidad de la educación necesitamos elevar el nivel de los docentes; ello requiere que avancemos hacia una Meritocracia, donde se contrate a los mejores.
Hay varias preguntas que hacer, entre éstas las siguientes: ¿Se considera inviable un aumento o podría éste presionar negativamente la situación macroeconómica y fiscal del país? ¿Estamos dispuestos a dejar de invertir en reducción de la desnutrición crónica o en carreteras? ¿O va a salir directamente de la asignación del Ministerio de Educación? ¿Dejará de comprarse libros de texto o se reducirá la asignación a capacitación docente? Son interrogantes que deberemos resolver antes de meternos en un lío de priorización del gasto público.
En todo caso, antes de abordar de aumento al salario, se debe tomar en cuenta que hay otros rubros prioritarios de inversión a los que estamos recién comprometiéndonos como país. Ha sido aprobada la Ley de Alimentación Escolar que conlleva un aumento superior a los Q. 500 millones para el próximo año, lo cual absorberá parte del aumento contemplado para Educación en el presupuesto del 2018. Además, se ha iniciado la transformación del sistema de acompañamiento escolar y se requerirán recursos para su implementación. La estrategia de que fortalecer preprimaria y reducir la edad de ingreso a primer grado a 6 años también genera necesidad de inversión. Es decir, hay rubros que compiten con otros por captar fondos provenientes de los impuestos. ¿Cuáles son más importantes?
Se considera importante un diálogo abierto y técnico, ya que al firmarse un nuevo Pacto Colectivo es imperativo que incluya acciones que generen resultados para los niños y que en todo caso el aumento pueda ser factible conforme al contexto fiscal. En todo caso y debería ser central en el diálogo del país: Es altamente deseable que todo aumento salarial vaya atado a los resultados en el aprendizaje de los estudiantes y solamente debería realizarse si hay alguna fuente de gasto que no ponga en riesgo gastos prioritarios en la agenda actual del Gobierno.
