Con nuestro nombre y nuestro rostro
El 12 de septiembre el colombiano Iván Velásquez aseguró que existe una campaña negra en su contra, por lo que le envié una nota de la que tengo copia con sello de recibido de la CICIG, que dice:
“En el programa Con Criterio, dirigido por el español Pedro Trujillo, en el que usted participó hoy por la mañana, usted afirmó que quienes lo criticamos recibimos apoyo financiero por parte de sindicados que se encuentran detenidos en el Mariscal Zabala.
Por este medio le exijo públicamente que presente las pruebas que fundamentan su afirmación ante el Ministerio Público, y que se inicie la investigación penal correspondiente, ya que ese dinero tendría, posiblemente, una procedencia ilícita. De lo contrario, sus declaraciones se sumarían al cúmulo de abusos cometidos por su persona durante el tiempo que ha fungido como comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
De lo contrario, le exijo que se abstenga de proferir más acusaciones sin fundamento.”
Hasta hoy, el colombiano no ha interpuesto denuncia alguna ante el MP, porque de hacerlo, sabe que estaría atacando sin fundamento a gente de prensa como yo, que constantemente exponemos sus abusos de poder no solo en los medios de comunicación tradicionales, pero también en las redes sociales.
Entonces, ¿qué mejor que atacar a la prensa, desde la prensa? De ahí las recientes declaraciones de varios periodistas de extrema izquierda en lo que constituye una artera agresión en contra de la libertad de expresión, sirviendo como instrumento del colombiano.
Es interesante analizar quién es cada uno de esos personajes, que dicen ser paladines contra la corrupción y la impunidad, que ya interpusieron una denuncia ante el MP para que Thelma Aldana haga el trabajo sucio que necesita el colombiano contra la prensa.
Una de ellos es Erick Salazar, de Guatevisión, un medio vinculado con Prensa Libre, que obtuvo contratos por Q40 millones de pauta para el gobierno de Pérez Molina sin licitar, además de haber impreso textos escolares sobrevalorados para el Ministerio de Educación por muchos millones de quetzales. Otra es Dina Fernández, directora de SOY 502, que recibe financiamiento de George Soros, el magnate que se dedica a desestabilizar gobiernos a lo largo y ancho del orbe. También Pedro Pablo Marroquín, de La Hora, un medio en permanente agonía, desde el que Marroquín apoya un rompimiento constitucional; también Leonel Cerecer, directivo de Publinews, un diario vinculado con Erick Archila, un prófugo de la justicia tratado de forma benevolente por el colombiano debido a su relación con varios medios de comunicación y periodistas, entre ellos uno de los denunciantes, Juan Luis Font, de quien he presentado, a solicitud suya, pruebas de su relación en calidad de socio en varias empresas que tuvieron su mayor auge durante el paso de Archila por el Ministerio de Energía y Minas, en el gobierno del Partido Patriota.
Participa también en la obra de teatro Enrique Naveda, de Plaza Pública, el medio de información de los Jesuitas, una orden religiosa directamente responsable del baño de sangre que representó el terrorismo para Guatemala, que se identifica ideológicamente con el colombiano Velásquez.
No podía faltar, por supuesto, Philip Chicola, un instrumento de Velásquez que le ha hecho creer al sector privado que con él tienen a una persona dentro de la CICIG, cuando ocurre exactamente lo contrario. Él es una de las respuesta a la pregunta de por qué el sector productivo del país no reacciona ante la agresión de Velásquez. Su labor al minar la moral de los empresarios ha sido fabulosa.
Y por último, pero no por ello menos importante, está Martín Rodríguez Pellecer, quien entre los socios de su diario electrónico cuenta con directivos de una fuerte institución financiera del país que se dice está bajo investigación por lavado de dinero.
Ellos son los dueños de la verdad absoluta en Guatemala, que denuncian ataques en su contra por “su lucha contra la corrupción”, pero que no dicen un carajo de los cientos de miles de quetzales que su compañera, la ex ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, derrochó en el pago de net centers con dinero del erario público, para atacar a quienes no pensamos como ellos, y que casi a diario somos objeto de insultos y amenazas por parte de perfiles anónimos en las redes sociales, sin quejarnos.
Resulta imperativo entonces hacer una breve pausa, para darse cuenta quiénes son realmente las tapaderas de los corruptos y los violentos utilizando los medios de comunicación. La respuesta es obvia.
Repudio la mordaza que el colombiano Iván Velásquez pretende imponer por medio de sus títeres en la prensa, y es más, considero imperativo que el Congreso de la República legisle a la brevedad en contra de los perfiles falsos en las redes sociales, para que quienes escribamos en ellas lo hagamos siempre con nuestro nombre y nuestro rostro, como debe ser, dejando a un lado el temor que puede provocar quien cada día pierde más poder gracias a sus abusos.
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