El cristal con que se mira

Cuando Ramón de Campoamor escribió su célebre poema, muy bien pudo haber estado hablando de Guatemala en el siglo 21.  Como un exponente del realismo, Campoamor no buscó esconder con lenguaje rebuscado la realidad de lo que sucedía en la España del siglo XIX.

Campoamor, aparte de poeta y literato, fue burócrata y funcionario público; tal vez por eso su aporte al realismo me impacta de particular manera. Quien no ha ejercido función pública o no ha sido víctima -desde dentro- del sistema que impera en estos nuestros países, aprecia de manera distinta la realidad de la función de Estado, entendida como la administración de recursos limitadísimos tanto económicos como humanos; en el ámbito judicial, la cosa se complica de manera exponencial.

Lo anterior viene al caso por un informe que presentó Human Rights Watch denominado Carrera contra el tiempo: cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad.  El meollo de ese “informe” es que acá, tanto, abogados litigantes, pero sobre todo jueces y magistrados, abusan de los recursos legales y retardan injustificadamente las diligencias judiciales y resoluciones.  Este show -porque es show- es solo la más reciente escena de la obra que han venido montado una serie de personajes y oenegés de, pareciera irónico, derechos humanos.

Ahora resulta que, quienes hace algunas décadas lucharon -y cuyos compañeros murieron- porque en Guatemala se respetaran las garantías procesales y que se permitiera a los acusados todo tipo de defensa ante el omnímodo poder del Estado ¡Y eso que no había CICIG! son los que ahora exigen juicios sumarios y sin toditas las garantías.

En este país donde los patos le tiran a las escopetas -con AK47- resulta que una garantía procesal/constitucional como el amparo, ideada precisamente para que el ciudadano se defienda de los abusos o amenazas del poder, es utilizada -abusada- en más de la mitad de las veces, por la propia autoridad, sea esta el MP, la CICIG o algún ente Ejecutivo en contra de resoluciones judiciales que favorecen a los ciudadanos.  ¡Quetalito!

Recién el día de ayer, el excanciller portillista Edgar Gutierrez escribía acerca de un caso en el que un su amigo -Amilcar, dice- quien sufrió los abusos del sistema judicial y pasó en prisión “preventiva” más tiempo del que le hubiese tocado de haber sido encontrado culpable en sentencia.  Al leer la primera parte de su artículo, uno pensaría que se trata de una defensa de las garantías procesales y al debido proceso, sin embargo, la segunda parte del escrito pretende precisamente lo contrario y hace hincapié en los casos -que los hay- de abogados defensores y jueces –“comparsa”, les llama-  que, aprovechando esas garantías procesales que tanto costaron, retrasan los procesos con inconfesados fines.  Los caídos en la lucha contra el autoritarismo del Estado se han de estar revolcando en sus tumbas al ver la traición de sus sobrevivientes compañeros de lucha que ahora abogan y trabajan incansablemente -pero bien financiados- porque se limite la posibilidad de los acusados a frenar lo que consideran abusos o procedimientos violatorios de sus derechos humanos.

Me pregunto si, por ejemplo, Mario Polanco, Gustavo Berganza, Jose Rubén Zamora u otros que han sido acusados de la comisión de delitos -con o sin razón, no lo sé- desistirán por dignidad a las innumerables acciones de amparo y demás recursos legales para frenar lo que ellos consideran acusaciones infundadas, a la luz de este informe de HRW que da cuenta del abuso de tales tácticas dilatorias.

“En este mundo traidor / nada es verdad ni mentira / todo es según el color / del cristal con que se mira”. No sé si el cristal con que miran los que ahora critican el uso de todos los recursos legales para su defensa, sea “pink” o lila, pero seguramente es marca Swarovski y pagado con euros de alguna oenegé.