Bonos navideños
Se acerca el fin del año y con ello inician las fiestas navideñas. Diciembre uno de los meses de mayor movimiento económico en el país, consecuencia de las múltiples celebraciones, reuniones y los obsequios, característicos de esta época del año. Los trabajadores en relación de dependencia, desde el año 1978 perciben la prestación que conocemos como “aguinaldo”, la cual se crea con el afán de incentivar la producción de los trabajadores y sirve de apoyo económico para el fin de año e inicio del próximo. El mismo se paga durante la primera quincenade diciembre y la segunda quincena de enero.
Pese que esta prestación es irrenunciable para los trabajadores, tanto del sector privado y público, en el ámbito público, mediante los pactos colectivos de condiciones de trabajo que se negocian con las entidades centralizadas del Estado -dependencias del Organismo Ejecutivo- y las demás dependencias autónomas y descentralizadas, se otorgan los denominados bonos navideños.
Estos bonos navideños pasan por ser una prestación que se paga con los impuestos de los guatemaltecos, raíz de la crítica. Las entidades públicas no funcionan como empresas privadas en donde se premia conforme a la producción. Los trabajadores del Estado son servidores públicos, que como he apuntado en algunas de mis otras columnas, tienen su naturaleza en la contribución a la sociedad desde la función pública. El servidor público debe considerar que su función es esa, la de servir, y no la de servirse de la administración pública. La naturaleza de su trabajo es el servicio, a diferencia de aquellos que trabajan en el sector de producción del país, que la naturaleza es producir para generar una ganancia. La responsabilidad que deriva ese servicio no puede terminar en donde empieza el enriquecimiento personal. Lo cual tampoco significa que los trabajadores no deban recibir una remuneración acorde a su trabajo.
Los incentivos económicos que otorga la administración pública deben pasar por un examen escrupuloso de escrutinio ciudadano. Resulta inverosímil que un país que tiene que financiar su presupuesto con préstamos nacionales e internacionales, por no recaudar lo suficiente y que más del 85% de ese presupuesto es para gastos de funcionamiento –en gran parte pago de salarios y prestaciones laborales- y cuyo remanente para la inversión es escaso, esté pagando prestaciones de sumas elevadas de dinero que no son indispensables.
Es importante que las autoridades de las distintas dependencias públicas tomen cartas en el asunto. Las prestaciones económicas que otorga el Estado deben atender a principios objetivos, en donde se reconozcan las evaluaciones por méritos de capacidad, idoneidad y honradez de los trabajadores.
La revisión de los pactos colectivos de condiciones de trabajo debe ser una prioridad como política de gobierno y de Estado. El dinero de los impuestos de los guatemaltecos debe destinarse en la inversión, para mejorar la calidad de vida de todos los guatemaltecos y no solo de aquellos que prestan sus servicios en las dependencias del Estado.
