Columnas

Geopolítica reeleccionaria

Las Constituciones reflejan la realidad de cada país; y ésta determina la posibilidad de que su gobernante pueda ser reelecto una vez o indefinidamente. Un ejemplo interesante es el de los Estados Unidos de América, en donde el presidente puede ser reelecto una sola vez, a manera de completar dos períodos de cuatro años. Otros países la permiten dejando pasar un período intermedio. Y también, hay sistemas políticos como el de Guatemala y el de México en que se prohíbe la reelección. Sobra decir que las normas reguladoras de la reelección pueden ser reformadas… por la “razón” o por la fuerza, según el país de que se trate. Lo interesante es que, por lo general, siempre se ha encontrado una manera de violar estas prohibiciones. Y es aquí donde surgen los problemas.

La reforma constitucional es el mecanismo primario para flexibilizar las prohibiciones a la reelección.  Y son pocos los casos –como el de los Estados Unidos de América— en que la posibilidad de reelección presidencial de ser inexistente se limitó a dos períodos. En Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Honduras, para citar ejemplos recientes, se ha tratado de saltar los impedimentos constitucionales contra la reelección valiéndose de medios distintos al de la reforma. Los acontecimientos ocurridos en el segundo semestre de este año son ilustrativos.

Una barrera para impedir la reelección mediante el forzamiento constitucional han sido los tribunales constitucionales. Diego García Sayán (Por el poder absoluto, La República.pe, 23.11.17) nos recuerda el caso del Perú, cuando el tribunal constitucionalfrenó a fines de los 90 el embeleco de la “interpretación auténtica” con la que se quería “constitucionalizar” una tercera elección de Fujimori”; el “autogolpe” ocurrido en Guatemala en 1993, y Colombia, en que gracias a “enérgicas decisiones de su Corte Constitucional frente a decisiones políticas importantes que se hubieran ejecutado de no ser por sentencias de la misma. Cuando el 2010 avanzaba el proceso para un “referendo popular” que buscaba sortear el impedimento constitucional que bloqueaba el proyecto de una nueva reelección para el presidente Uribe, fue una sentencia de la Corte la que lo frenó”.

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