Aplicación de pena de muerte genera controversias

Por: Francisco Escobar

Después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) anunció el pasado 24 de octubre, hacer excepciones para la aplicación de la pena de muerte,  según sea el delito, se continúa la discusión y genera diversidad de opiniones entre sectores de la sociedad civil y gobierno.

Entre los delitos que no calificarían para la aplicación de este castigo capital están: parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada y asesinar al presidente o vicepresidente de la República.

POSICIÓN DEL LEGISLATIVO Y  EJECUTIVO

El presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, comentó al respecto y dijo que “aunque es un tema de una iniciativa que se sometió a votación en el Congreso, no alcanzó los votos necesarios”, es contradictorio que la CC decida y legisle al expresar con desasosiego explicó el representante.

El presidente Jimmy Morales como mandatario del país ha recalcado en otras ocasiones que la ley es clara y ha considerado que la discusión sobre el tema es exclusiva de los representantes en el Congreso de la República. Esto porque en su opinión, se reduce a definir lo referente a la aplicación del indulto presidencial. El vicepresidente Jafeth Cabrera, en forma abierta y clara, se ha declarado en total acuerdo por la aplicación de la pena de muerte.

Marcos Yax, diputado del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), es uno de los promotores en reactivar la administración de la pena capital e incluir la opción del indulto presidencial. Este último, consiste en que el mandatario en funciones sea quien decida, como última instancia sobre si se aplica o se indulta a los condenados a este castigo.

Otro parlamentario, José Ubico del bloque partidista Todos, presentó una iniciativa para modificar el artículo 105 de la ley para la regulación del indulto presidencial, inserta en el Código Penal. En el mismo se deja plena potestad de decisión al presidente de la República en funciones, otorgar el indulto o recurso de gracia para el o los sentenciados.

OTRAS OPINIONES 

El titular de la Defensoría del Debido Proceso de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH),  Gerardo Villamar Ramírez, opinó sobre el tema y resaltó que a pesar de que la legislación que la respalda está vigente, es  inaplicable. Esto porque se carece de un mecanismo que regule la aplicación del indulto presidencial, destacó.

Como parte de la discusión incluyó la importancia de tomar en cuenta que el pasado 3 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó la abolición de emplear este tipo de medida.

Zury Ríos y Lucrecia Marroquín de Palomo, han encabezado diferentes acciones para reactivar el castigo capital y han presentado iniciativas y proyectos de ley. Su opinión es plantear que con la implementación de esta medida, se reducirían los índices de criminalidad, en el entendido que tomarían lección los delincuentes. Es por esto y más que ambas coinciden en opinar por dar prioridad a la  administración de esta pena capital a las personas que se dedican al sicariato y extorsión.

El educador, Carlos Aldana, en su análisis considera como importante mantener vigente la discusión acerca de la pena de muerte, porque lo peor sería que los medios de comunicación lo invisibilizaran. La temática siempre ha generado controversia porque a su parecer, el asunto condensa todos los valores y visiones más profundas de la diversidad de los guatemaltecos y guatemaltecas.

Comprende que ante el recrudecimiento de la violencia e inseguridad existente, la población en general reduce esta medida a ser una única solución. «Esto ha sido respaldado por un constante bombardeo mediático que deja de promover propuestas constructivas sino inmediatas, que en realidad no resuelven la situación a fondo», comentó.

Expresó que en su opinión la pena de muerte debe ser abolida para todo tipo de delitos y esto lo dijo enfatizando “tanto como defensor de los derechos humanos, pero principalmente como humanos, que somos todos”. De manera que si esto se hiciera así, provocaría el generar discusiones y acciones dirigidas a combatir las verdaderas causas históricas de los delitos y sus respectivos flagelos, que tanto han afectado a Guatemala.

Por su parte el analista, Julio Rivera Clavería, comentó que al ver las posiciones con respecto a este tema, se evidencia la existencia de dos corrientes humanistas, “la que dice que se debe aplicar y la que dice que no”. Lo importante de la discusión a su parecer, es tener claro que la pena capital no es la solución del problema, solo es una medida, un castigo.