¿PDH o defensor de terroristas?

El Procurador de los Derechos Humanos, es un funcionario público, electo por el Congreso de la República con el objeto de proteger y tutelar los derechos humanos de los ciudadanos, cuando los mismos hubieren sido conculcados por el Estado.

Su principal función, es garantizar a todos los habitantes de la República, el pleno goce de los derechos constitucionales, así como limitar y frenar el poder público cuando su ejercicio violente los postulados consagrados en nuestra Carta Magna.

Para ello, el Ombudsman cuenta con todas las herramientas legales, que le permitan garantizar la inmediata protección de los derechos humanos de cualquier persona que por un acto o resolución pública hayan sido violentados, con el objeto de restaurar el imperio de los mismos e impedir su repetición.

Es por ello, que los países que cuentan con este método de protección constitucional, confieren esa noble función al defensor del pueblo, a efecto de que, realice todas las gestiones legales encaminadas a denunciar y promover las acciones pertinentes, por ejemplo, para garantizar la tutela judicial efectiva de los más de once mil detenidos provisionalmente. Para tutelar el derecho humano a la vida de los cientos de pilotos de transporte colectivo asediados continuamente por pandilleros. Para proteger el derecho humano a la propiedad, vilipendiado por terroristas disfrazados de campesinos. Así como, para garantizar el derecho a una vivienda digna, el acceso a la salud, a un trabajo remunerado, a una educación de calidad, etc.

Sin embargo, el Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade, en total violación a los postulados constitucionales y legales que regulan sus atribuciones de defensa de los derechos humanos de los administrados, ha desnaturalizado el mandado que le fuera conferido pues, en su lugar se ha empeñado en proteger y tutelar por ejemplo, los derechos de los mareros y menores en conflicto con la ley penal a pesar de los horrendos crímenes cometidos por estos antisociales. Ha realizado gestiones en favor de usurpadores de fincas, así como en favor de peludos bochincheros que de forma violenta limitan la libertad de locomoción.  Llegado incluso a promover acciones constitucionales espurias ante la Corte de Constitucionalidad, para impedir a toda costa la expulsión del narco-guerrillero de la CICIG, debido a las continuas ilegalidades que ha cometido en el ejercicio de su mandato. Sumado a las continuas actividades políticas y sediciosas que desde las tarimas de las raquíticas manifestaciones ha pronunciado con el objeto de atentar en contra la institución presidencial y el Estado de derecho.

Ha sido incapaz de promover tan solo una acción constitucional en defensa de la vida de los no nacidos, a quienes un grupo de diputados izquierdosos pretenden asesinar con la aprobación de la ley que permita el aborto de las menores de edad. De la misma forma, ha sido incapaz de promover una acción de amparo, en favor de los más de once mil detenidos  provisionalmente, muchos ellos por más de cinco años. O, en favor de nuestros héroes de guerra, injustamente encarcelados por haber enfrentado y vencido a grupos terroristas que pretendieron tomar por asalto el Estado, para imponer un régimen totalitario de miseria y destrucción, y que gracias a la acción de nuestros veteranos, no se concretó.

Todo, porque el Congreso de la República, en vez de seleccionar a un profesional comprometido con la defensa y promoción de las garantías individuales, que cumpliera con el perfil de idoneidad requerido en la Constitución, designó a un político fracasado, de tendencia izquierdista, sindicado de la sustracción de más de trescientos mil quetzales de las arcas del Colegio de Abogados y Notarios, a quien únicamente le interesa proteger los derechos de sus comparsas ideológicos que conforman el pacto de terroristas.

A la fecha existen suficientes causales para que el Congreso de la República pueda, sin temor a espurias manifestaciones de piojosos deschavetados, activar de forma urgente el mecanismo de destitución contemplado en la Constitución y la ley, para remover del cargo a este violador de los derechos humanos, a efecto de nombrar en su lugar a un profesional idóneo en la defensa y promoción de los mismos.

Pues, en caso de que los diputados continúen inertes, tolerando los abusos de este patán,  tengan por seguro que más temprano que tarde, este personaje será quien encabece la horda que prenderá la hoguera para expulsarlos de su curul. No al #PactoDeTerroristas.