Quién arriesga, paga o invierte
Como lo hemos mencionado en artículos anteriores, la historia evidencia que una mayor proporción de iniciativas de nacionalización de la explotación petrolera o de minerales valiosos se ha dado, sobre todo, cuando la disponibilidad del recurso estaba asegurada plenamente, tanto en volúmenes como en regularidad de la producción.
Tales iniciativas surgieron entonces, una vez eliminado en buena medida, el factor riesgo en la prospección y producción iniciales, asegurado además un sustancial flujo de fondos a partir de producciones significativas del hidrocarburo u otro mineral (recordemos la historia de Pemex, entre otras).
El asunto está en que en las fases de prospección o exploración, no obstante iniciarse estas en base a información sobre la existencia del mineral en las zonas objetivo, se juega siempre con probabilidades de que se encuentre o no, acumulaciones o reservas en magnitudes que justificarán económicamente su explotación. Y está claro que la cara indeseable de la probabilidad (el hallazgo no significativo) implica, sobre todo, la no recuperación del gasto.
Por ello y regularmente, el riesgo va por cuenta del inversionista.
En materia de otras inversiones en energía, hay también otro tipo de riesgos, tal el caso de la conflictividad por hidroeléctricas. Asoma acá la complejidad por múltiples factores causales, que van desde los poblacionales y territoriales, hasta culturales o, dado el caso, políticos y hasta delincuenciales.
Lo cierto es que a partir de sus numerosas cuencas hidrográficas, Guatemala cuenta con recursos hídricos suficientes como para contribuir a la generación de electricidad mediante hidroeléctricas, estas con capacidades que van desde unos 5 Mega Vatios hasta por arriba de los 200 (Mega =106 o sea, un Mega equivale a 1 millón de vatios). Reclama esto esfuerzos conjuntos de la parte gubernamental en coordinación con la comunitaria, empresarial, gobiernos locales, cooperación internacional. Insiste en esto también, la Comisión Mundial de Represas: “cualesquiera proyectos futuros de represas, asociados o no a hidroeléctricas, deben de considerar múltiples variables relacionadas con efectos en lo poblacional, social, territorial y ambiental, con el mismo grado de atención que se enfoca sobre los posibles beneficios económicos.”
Pero queda al país otra tarea de gobernabilidad: frente a la conflictividad sistemática ante proyectos mineros o hidroeléctricos, es imprescindible hoy como mañana, habida cuenta del debido respeto y cumplimiento a la legalidad, respaldar y promover el diálogo constructivo y participativo, apoyado por un lado, en tareas intensivas de informar a la población y demás actores, con veracidad y buena voluntad. Del otro, exigir la mejor capacidad del Estado en materia de seguridad ciudadana frente a los elementos probadamente delincuenciales, procediendo con la necesaria investigación, identificación, aprehensión y sanción.
