Comisiones de Postulación
El Estado de Guatemala contempla que las diferentes instancias públicas como la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones, la Fiscalía General del Ministerio Público, la Contraloría General de la República, sean órganos electos por diferentes comisiones de postulación, las cuales están integradas mayoritariamente, por algunas universidades del país que tienen Facultades de Ciencias Jurídicas y de Ciencias Económicas.
El argumento es simple y se parte del principio que estos Centros de Educación Superior tienen la pertinencia en conocimientos y consistencia moral para elegir a tan altos dignatarios.
Recordemos que los Constituyentes de 1985, definieron que por ser la Universidad un centro de altos estudios, podría ser una instancia esencial para darle un sentido de seriedad académica, valor ciudadano, así como trazar las líneas de la ética tan necesaria en una sociedad y un Estado que está a la baja en lo que respecta a moralidad.
Loable fue lo que aprobaron los constituyentes en ese momento, porque el ideal educativo de la Universidad es formar buenos ciudadanos con unas competencias pertinentes a su propia especialidad profesional. Este ideal se suponía, era la fortaleza de lo que se buscaba para sanear de corrupción y transparentar los procesos eleccionarios para que no fueran éstos, manipulados por intereses de grupo, partidarios y en el peor de los casos, por apetencias estrictamente individuales, como fue la tradición hasta esa fecha.
A la Universidad se le dio personalidad y posicionamiento en la decisión de cosas del Estado, complejas y difíciles. Los constituyentes confiaron en la “conciencia lúcida” y “reserva moral” de estas instituciones de educación superior.
Sin embargo, con el tiempo, a la Universidad se asomaron rostros, propuestas e iniciativas que empezaron a mermar y debilitar, su propia capacidad reflexiva y toma de decisiones independientes. Lo cual degeneró como indican algunos intelectuales, en “una especie de botín político”.
Esto nos conduce a la afirmación de que la debilidad humana parece que es natural. Los dirigentes de algunas universidades empezaron a mover su toma de decisiones alrededor de intereses extrauniversitarios, fuera de su misión académica. Hay múltiples ejemplos y quejas al interior de estos centros de educación superior, de que esto no expresaba lo que los constituyentes aprobaron en el año de 1985. De ahí, que hoy, la sociedad civil organizada en medio de un Estado colapsado por la corrupción, tomó la decisión de vigilar a estas comisiones y los obligó moralmente, a hacer público cada voto, cada razonamiento, cada criterio para calificar la capacidad y experiencia profesional, ética y honorabilidad de los candidatos a ser electos en estos puestos de importancia nacional, como lo fue recientemente, la escogencia de seis dignas personas para que el Presidente de la República elija al Jefe del Ministerio Público.
Los comisionados jugaron ahora un papel más transparente y esto nos conduce a proponer, que ya es tiempo que se abra un debate el cual se convierta en un foro público acerca de la razón de ser de estas Comisiones de Postulación y al interior de las universidades, ponderar su participación, para que estas acciones extra-universitarias, no terminen por desnaturalizar su propia razón de ser, como lo es, la investigación y docencia. Mi criterio es que debemos volver a la academia, la juventud y la sociedad lo requiere.
