El cambio de batuta en la Procuraduría General de la Nación
Derivado de la reforma constitucional del año 1993, se separa las funciones del Ministerio Público, limitando a éste a la persecución penal, y se crea la Procuraduría General de la Nación. La cual por mandato constitucional tiene la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. Además, al jefe de esta institución, el Procurador General de la Nación, se le delega el ejercicio de la representación del Estado de Guatemala.
El Procurador General de la Nación es nombrado por el Presidente de la República; para ejercer el cargo se requiere ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, gozando de las mismas preeminencias e inmunidades que éstos. El ejercicio de su cargo dura cuatro años.
El funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto número 512, que data del año 1948, y las demás leyes que dispongan su intervención, de allí que tenga como función, también, la representación y defensa de niños, niñas y adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas declaradas ausentes y en estado de interdicción, cuando así lo dispongan las leyes.
Esta institución tiene una importantísima tarea a lo interno dentro del Estado. A nivel de la administración central, debe intervenir ante los tribunales de justicia en aquellos asuntos a que esté llamado por la ley, promover las gestiones necesarias para obtener la recta y pronta administración de justicia y asesorar jurídicamente a la administración pública en todos los casos en que se le consulte. Además, tiene tres direcciones y unidades específicas por mandato de leyes específicas, como lo es la Dirección de Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, que tiene a su cargo la Unidad operativa de la coordinadora nacional del Sistema de Alerta Alba-Keneth; la Dirección de Extinción de Dominio; y la Unidad de protección de la mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.
El cargo de Procurador General de la Nación lo ostenta, actualmente, la abogada Annabella Morfín Mansilla, quien llegó en sustitución de la también abogada María Eugenia Villagrán De León, y quien ha desempeñado el cargo con seriedad y creces, con la responsabilidad que requiere el cargo. Ahora, el plazo del cargo está llegando a su término y le corresponde al Presidente Jimmy Morales de nombrar su sustito. Dentro del gremio de los abogados existen perfiles suficientes para que el nuevo Procurador General de la Nación sea una persona preparada y con experiencia.
No solo pende un nombramiento, sino también se debe aprovechar para iniciar un proyecto de modernización de la institución, empezando por promover una nueva ley, que como apunté data de hace 70 años; la unificación de criterios de interpretación en la administración pública que dejen de lado la discrecionalidad arbitraria y que aseguren la seguridad jurídica de los administrados; y la metodología para la participación de esta institución dentro de los procesos judiciales, en cuya mayoría de los casos los pronunciamientos se realizan sin tener a la vista los antecedentes correspondientes.
