Erika Lorena Aifán Dávila, una juez carcelera

El Organismo Judicial, es una institución pública compuestas por jueces y magistrados, que tienen como función principal, impartir justicia de conformidad con la Constitución y la ley. Les corresponde, juzgar, así como promover la ejecución de lo juzgado, bajo la premisa máxima de que la Constitución Política prevalece sobre cualquier ley o tratado internacional, incluso en materia de derechos humanos.

En ese sentido, los jueces y magistrados del Organismo Judicial están obligados a sujetar su conducta, de acuerdo con los parámetros constitucionales y legales, para impartir justicia de forma independiente e imparcial, no por venganza.

Sin embargo, esas garantías constitucionales al parecer fueron olvidadas por la carcelera Erika Lorena Aifán Dávila, quien desde el inició de su gestión en el departamento de San Marcos, luego en el departamento de Jutiapa y ahora en la ciudad capital, se ha caracterizado por destilar odio y resentimiento en contra de cualquier persona que sea puesta a su disposición, a quienes ordena internar provisionalmente, sin importar lo espurio o malicioso de las evidencias que se le presentan.

El apelativo de carcelera, que se ha ganado a pulso esta mala juez, no es más que un calificativo que la doctrina jurídica atribuye a todo aquel funcionario judicial que, retorciendo la ley por motivos de odio, políticos, ideológicos, protagonismo mediático, complejo de inferioridad o sumisión, ordena la detención provisional de una persona, la cual a la postre se convierte en definitiva, vulnerándose así, los principios constitucionales de libertad, inocencia, debido proceso y excepcionalidad de la prisión provisional.

Y es que la conducta de la juez Aifán Dávila se apega por mucho a la definición de carcelera, pues basta solo con hacer memoria de los tres últimos procesos que ha tenido bajo su control jurisdiccional, donde por ejemplo en el caso de la familia Bitkov omitió aplicar las disposiciones contempladas en la Convención Contra el Tráfico de Migrantes, más conocida como convención de Palermo, para tutelarlos como refugiados, en vez de encarcelarlos de forma inhumana. Esa ilegalidad provocó un escandalo a nivel internacional que culminó con la petición de varios senadores norteamericanos, de congelar los fondos destinados a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

O, el caso conocido como Caja de Pandora, donde el abogado Moisés Galindo Ruiz y otras personas inocentes, guardan prisión provisional desde hace más de siete meses, por la supuesta comisión del delito de lavado de dinero, por la cantidad de veintidós mil quetzales, sin que exista una sola evidencia de tal ilegalidad. Y es que la rabia de la juez Aifán, radica en que Moisés, es uno de los abogados de la Fundación Contra el Terrorismo, entidad que abiertamente ha denunciado todas y cada una de ilegales cometidas por el non grato y sus sirvientes; así como que fue Moisés, quien logró la sanción en contra de la juez Iris Jazmín Barrios Aguilar, ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, lo cual le impedirá postularse a cualquier cargo judicial de por vida.

Y que decir de la injusta e ilegal detención del Magistrado Giovanni Orellana Dónis, un profesional del derecho a quien esta carcelera, le reprochó, el haber adquirido de forma gratuita e ilegal un apartamento en la zona catorce, cuando las evidencias que obran dentro del expediente judicial acreditan sin lugar a duda, que el funcionario judicial compró el citado bien a través de la obtención de un crédito bancario con garantía hipotecaria.

Es por ello, que los defensores de los injustamente encarcelados promovieron la recusación de esta mala funcionaria judicial, por considerar que su actuación es opaca, ilegal, amañada y en total favoritismo a los obscuros intereses del non grato y del asustadizo huisache Aitor Serrano, quienes de seguro le ofrecieron a la corrupta juez, una serie de prebendas, las cuales deberá esperar sentada, seguramente en alguna prisión del país, pues es un hecho inevitable la pronta salida del narco guerrillero, así como de todos sus secuaces.

Por fortuna en Guatemala, las cosas están cambiando para bien, pues basta solo con observar como empezamos a recuperar el prestigio de las instituciones públicas, antes cooptadas por terroristas de la extrema izquierda, tales como la SAT, el Ministerio de Gobernación, La Junta Directiva del Congreso de la República, El Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Presidencia de la Corte de Constitucionalidad, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, entre otras.

Por ello, con toda propiedad les puedo decir que, si de algo pueden estar seguros los jueces y fiscales que se prestaron al sucio juego de manipular la ley en beneficio propio o de algún extranjero indeseable, es que serán perseguidos judicialmente hasta que paguen con cárcel, todas y cada una de las fechorías que cometieron en el ejercicio del cargo, acciones que deberán enfrentar solos, ya sin la protección del ungido de Gustavo Petro.