¿Es cierto que al gobierno de Trump se le perdieron 1,500 niños de la frontera?
La denuncia de la desaparición de unos 1,500 menores no acompañados que llegaron a Estados Unidos (EE. UU.) en busca de asilo creó más confusión respecto a cómo el gobierno de Donald Trump maneja estos casos que generaron una crisis en 2014.
¿Es cierto que al gobierno de Trump se le perdieron casi 1,500 niños migrantes que llegaron indocumentados a Estados Unidos y fueron entregados en custodia a algún familiar o responsable?
No se perdieron, sino que el gobierno perdió el rastro de ellos.
¿Por qué el gobierno de Trump perdió la pista de estos menores?
Eric Hargan, subsecretario del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), dependencia encargada de cuidar a estos menores mientras son procesados por las cortes de inmigración, aclaró que los menores no están “desaparecidos”.
Según el funcionario, tras ser aprehendidos en la frontera los menores fueron entregados a esa dependencia y posteriormente a sus padres, familiares o personas responsables de su atención, quienes se comprometieron cuando los recibieron a continuar sus casos de deportación y/o asilo.
En todos los casos, a las personas que recibieron a estos menores les fue investigado su récord criminal. Pero cuando el gobierno trató de contactar a los responsables de esos menores a través de la Oficina de Refugiados y Reasentamiento (ORR) “simplemente no respondieron (el teléfono) o no pudieron ser contactados”.
¿Para qué los llamaron?
El gobierno dice que la ORR, que es parte del Departamento de Salud, comenzó en 2016 a realizar llamadas voluntarias 30 días después de liberar a los menores para asegurarse de que ellos y sus patrocinadores no requirieran servicios adicionales.
Este paso no es obligatorio ni se hizo anteriormente, dice el comunicado de Hargan, pero “ahora se utiliza para confundir y difundir información errónea” respecto al paradero de estos niños.
¿Cuántos menores han sido entregados en custodia a padres o familiares en los últimos meses?
En el primer semestre del año fiscal 2018 (octubre 1 de 2017 a marzo 31 de 2018) el ORR entregó en custodia 16 mil 220 menores. Durante el año fiscal 2017 el número ascendió a 42 mil 497 y en 2016 a 52 mil 147.
¿Dónde están los menores?
No se sabe. El gobierno dice que la razón principal para explicar la “desaparición” de estos menores es el hecho de que algunos de los adultos que se responsabilizaron de ellos son indocumentados y no quieren que las autoridades federales los contacten.
¿Hay alguna diferencia entre lo que hizo Obama y lo que hace Trump respecto a quién le entrega a un menor no acompañado?
Sí. Bajo el gobierno de Obama, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) garantizó a los padres de estos menores (conocidos en la jerga migratoria como UAC, por sus siglas en inglés) que podían reclamarlos sin riesgo a ser detenidos por su estatus legal.
Bajo Trump, el criterio es otro. Desde que se instaló en la Casa Blanca, el presidente decretó que la presencia indocumentada es una falta a la seguridad pública y nacional. Hargan señala que “este es el núcleo del problema”. “En muchos casos, el Departamento de Salud ha entregado los menores que llegaron al país a padres o familiares indocumentados que ayudaron a organizar su ingreso ilegal a Estados Unidos”. Esto, según él, empeora la crisis inmediata y crea un incentivo perverso para una mayor violación de la ley federal de inmigración.
¿Por qué entonces siguen entregando a los menores?
El gobierno de Trump no tiene los recursos suficientes para mantenerlos en custodia (dado que el Congreso no le ha aprobado los fondos para poner en vigor su política fronteriza), y según el acuerdo judicial Flores versus Meese, de 1997, no puede privar de libertad a menores de edad.
A su vez, la ley protección a las víctimas de tráfico humano de 2008, conocida como TVPRA, estipula que los menores no acompañados que proceden de países no fronterizos con Estados Unidos deben ser procesados y un juez de inmigración debe resolver su futuro en el país.
Debido al atasco en las cortes de inmigración y los 484 días en promedio de espera para la primera cita en el tribunal, el gobierno busca alternativas al manejo del elevado número de menores que llegan al país, y una de ellas es entregar a los menores a familiares con el compromiso de que continúen sus casos de inmigración.
¿Cómo pretende el gobierno garantizar que ningún menor desaparezca dentro del sistema?
El Departamento de Salud pide más espacios para retener y procesar a los menores detenidos en la frontera. Actualmente hay 100 refugios en 14 estados.
También busca aumentar las “evaluaciones rutinarias” para asegurar que los menores continuarán con sus procesos migratorios. Y que la liberación a cargo de una persona responsable o vivienda temporal, “solo se buscará como último recurso cuando los centros actuales estén a su máxima capacidad”.
¿Qué propone el gobierno de Trump para “arreglar” definitivamente el problema?
Trump ha pedido al Congreso que anule leyes y acuerdos judiciales que facilitan y en ocasiones incentivan la llegada de los menores a la frontera.
El 25 de enero de 2017 Trump anunció que eliminaría la práctica del “catch and release” (detener y liberar). El 13 de abril de este año publicó en el Registro Federal un memorando suspendiendo las liberaciones, pero ahora quiere que el Congreso legisle al respecto para que se aplique a todo indocumentado detenido en la frontera o dentro del territorio nacional, incluyendo a los menores protegidos por la ley de 2008. De esa manera podría deportar de inmediato a todos los menores que lleguen a la frontera, independientemente de su procedencia.
Mientras tanto pide anular el acuerdo judicial Flores vs Meese para poder mantener detenidos a los menores de edad mientras los procesa para deportarlos.
¿Tiene esto alguna relación con la separación de las familias detenidas en la frontera?
Sí. Hacen parte de la misma política. Según el gobierno, debido a la inacción del Congreso respecto a la seguridad fronteriza, se han creado incentivos “peligrosos” para los cruces fronterizos ilegales y el contrabando de niños.
La política de Trump es que “cualquier extranjero que cruce la frontera ilegalmente (no un paso fronterizo), está sujeto a enjuiciamiento criminal federal”.
Esto significa que toda persona procesada “será transferida a la custodia penal federal por infringir la ley de Estados Unidos. Por lo tanto, las familias con hijos que ingresen ilegalmente a Estados Unidos serán separadas cuando el padre sea transferido a la custodia federal por infringir la ley estadounidense”, según el comunicado de Hargan.
De acuerdo con el abogado Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle, Washington, la separación de niños es una nueva practica del gobierno de Trump. “Ahora imponen cargos criminales a los padres que ingresan por fuera de un puerto fronterizo. Los niños no pueden estar encarcelados con los padres mientras ellos enfrentan este proceso criminal y por eso los separan”.
¿Cómo se puede evitar la separación?
El gobierno de Trump dice que “si los padres no desean separarse de sus hijos, no deben violar las leyes de Estados Unidos, ni poner en peligro a los menores a través del tráfico ilícito de drogas”.
El gobierno de Obama no relacionó la crisis migratoria de la frontera con el tráfico de drogas proveniente de México. Ambas crisis las manejó separadamente para proteger el derecho al asilo, sobre todo de los menores de edad.
¿Alguna de las recomendaciones del gobierno de Trump está dirigida a mejorar las condiciones de asilo para los menores?
No.
Con información y foto de: Univisión Noticias
http://s21.gt/2018/04/30/ee-uu-pierde-la-pista-de-mil-475-ninos-inmigrantes/
