La podredumbre de la CICIG.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, es una entidad que fue concebida en la mente de varios enemigos de la libertad, por virtud de la cual, bajo la falsa premisa de combatir los cuerpos clandestinos y aparados de seguridad incrustados en el estado, se dio vida a este experimento único en el mundo. Para lograr su perverso objetivo, se dotó a esta institución, de un comisionado investido de inmunidad diplomática perpetua, que no estuviera sujeto a ninguna autoridad terrenal, así como de un financiamiento internacional multimillonario.
Sin embargo, a pesar de ello este apéndice de la ONU, no ha sido capaz de reducir los niveles de violencia del país, atribuidos en su mayoría a organizaciones criminales de gran envergadura; y es que basta solo con observar las estadísticas delincuenciales, para llegar a la conclusión de que los índices de corrupción e impunidad van en aumento, así como los homicidios, las extorsiones, el narcotráfico, los secuestros, los ataques de las maras y la trata de personas; flagelos criminales que recaen dentro del campo de actuación de la CICIG y de los cuales se ha negado a investigar.
Y es que, al parecer a Iván, le interesa más enfilar todos sus esfuerzos en perseguir y procesar de forma maliciosa al presidente de la República y a su núcleo familiar, a los ex funcionarios de gobierno, a los militares en situación de retiro que defendieron la soberanía nacional, y a todo opositor ideológico que se manifieste en contra de sus perversos fines, en vez de atacar de forma directa a estas bandas criminales.
Es decir, que a este extranjero poco le importa el destino del país y su gente, así como la seguridad y acceso a la justicia de los más necesitados, pues de los casos que CICIG tramita en la actualidad, no hay tan siquiera uno solo que vincule a los miembros de las estructuras criminales organizadas conformadas por mareros, esos sanguinarios que tienen en zozobra a la mayoría de la población de las áreas marginales del país, mucho menos a las estructuras criminales conformadas por narcotraficantes que utilizan el territorio nacional como puente para trasladar sus alijos a cualquier destino, o de aquellos que facilitan documentos migratorios fraudulentos para lograr así, el ingreso ilegal al país de personas con nexos terroristas.
Esas condiciones de irrespeto a la ley y de vulneración a la tutela judicial efectiva, generan un clima de inestabilidad jurídica, social, económica y laboral, que con posterioridad se transforman en falta de certeza jurídica, falta de inversión y desempleo, con la consecuente inmigración desproporcionada en busca de alcanzar el sueño americano, con el riesgo que ello implica.
Y es que, la mayoría de los guatemaltecos no entendemos el hecho de que el embajador de los Estados Unidos de América y el departamento de Estado de ese país, sabiendo y conociendo las falencias de las gestiones de la CICIG en materia de investigación penal continúen apoyando al Comisionado Velásquez Gómez, a pesar de las consecuencias negativas que ello origina, no solo para Guatemala, sino para la comunidad internacional especialmente para nuestros vecinos del norte.
Por ello, para salir de dudas con relación al trabajo perverso que realiza la CICIG en el país, basta con requerir la información pertinente a los agregados militares, a los personeros de la CIA, DEA, ICE, o de cualesquiera otras agencias acreditadas en el país, para verificar de primera mano y de forma objetiva e imparcial, los continuos intentos de rompimiento del orden constitucional que se han planeado desde el propio seno de la CICIG, así como los nombramientos absurdos que se han impuesto por los dos últimos embajadores de ese país, los cuales han ocasionado un grave daño a la seguridad nacional e internacional.
Por supuesto que los guatemaltecos estamos de acuerdo en la lucha contra la corrupción e impunidad, pero no de una forma ilegal, pues, la corrupción no se ataca con corrupción. Si existiera justicia y transparencia, así como una verdadera lucha contra la corrupción e impunidad, yo sería el primero en aplaudir ese esfuerzo, pues mi persona, mi familia y amigos habitaremos en este bendecido país por el resto de nuestras vidas y lo menos que podríamos pedir es paz y seguridad.
Por ello, a sabiendas del riesgo que corro de perder mi visa o de ser procesado ilegalmente por los hechos que denuncio en este artículo, tengo el deber ciudadano heredado de mis antecesores, que me obliga a no claudicar en la lucha por que en Guatemala prevalezca el respeto a la soberanía e institucionalidad del país en beneficio de todos los guatemaltecos.
