Tolerancia cero a someter a los niños a tratos inhumanos
La política de “Tolerancia Cero” de la administración del gobierno del Presidente Donald Trump en los Estados Unidos de América fue anunciada por el Fiscal General y Secretario de Justicia de ese país, Jeff Sessions, el pasado 7 de mayo de 2018. Esta política consiste en términos generales que las personas que ingresen de forma indocumentada a los Estados Unidos de América deberán ser retenidos y procesados con cargos criminales, y cuando el ingreso sea de familias, los padres y los menores de edad serán separados. Desde la entrada en vigencia de esta política han sido separados de sus familias alrededor de 2000 niños, niñas y adolescentes, según distintas publicaciones noticiosas.
Esta política tiene por objeto contrarrestar una disposiciones legal aprobada por el Congreso de ese país en el año 2008, que regula que los menores de edad migrantes que ingresan solos a los Estados Unidos sean liberados de los centro de detención policial, e impide su deportación, salvo que estos sean de Canadá o México. También regula que una madre y su hijo no pueden mantenerse por más de 21 días en un centro de detención, límite que se desvanece con la separación de las familias.
Los menores de edad que son separados de sus familias son entregados a la Oficina de Instalación de Refugiados, quienes los llevan a los denominados “centros de acogida”, que como hemos visto en las distintas fotografías publicadas por los medios de comunicación internacionales y nacionales, y las redes sociales, consisten en jaulas contenidas con cadenas y donde los niñas, niños y adolescentes retenidos duermen sobre colchonetas puestas sobre concreto. Imágenes fuertes que han impactado al mundo entero. Algunas de las imágenes que han circulado no corresponden a los últimos meses.
Este tipo de políticas ha sido utilizadas en los Estados Unidos desde el año 2005 en la administración de George Bush, y posteriormente también en la administración de Barack Obama, cada una con diferentes matices, con el objeto de controlar las oleadas migratorias de personas que tratan de ingresar a este país de forma irregular.
La Cancillería de la República de Guatemala ha reportado que al 19 de junio de 2018 se habían identificado que 465 menores de edad que habían sido retenidos son de nacionalidad guatemalteca. Sin embargo, el gobierno ha vacilado al presentar una posición firme sobre la situación de los menores guatemaltecos. Situación que incumple con asegurar los derechos de los guatemaltecos, pues una cosa es respetar los procedimientos y políticas migratorias de otros Estados, y otra que se permita que los guatemaltecos –menores o mayores de edad- sean sometidos a tratos inhumanos. Recordemos que son fueron los mismos parlamentarios de ese país los primeros que repudiaron tratos similares en el mediático caso de la familia Bitkov, en Guatemala.
Cabe recordar que la Convención sobre los derechos del niño en el artículo 22 prevé que se deben adoptar medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de sus derechos.
Mientras exista la migración, el gobierno debe asegurarse que a los menores de edad connacionales se les respeten sus derechos, mediante las acciones correspondientes. Jamás permitir que sean sometidos a tratos inhumanos. Por otra parte, una responsabilidad mayor, que consiste en promover políticas de desarrollo que respondan a las causas que dan lugar a las migraciones hacia el vecino país.
