Fortalecer el sistema judicial
#PensamientoCrítico
El Estado tiene una obligación de garantizar el acceso a la justicia a los ciudadanos, la cual, además, debe ser pronta y cumplida. Mucho se ha hablado en los últimos años sobre la certeza de las inversiones en el país debido a la desaceleración de la economía, y si Guatemala tiene las condiciones necesarias para atraer inversión hacia el país, nacional y extranjera. Sin embargo, dentro de esos factores, que hacen atractivo invertir en cualquier lugar del mundo, se encuentra la rapidez de respuesta que tienen los órganos jurisdiccionales cuando suceden distintas controversias.
Es innegable que la seguridad que tenga una inversión tiene una gran relación respecto de la capacidad que tenga el sistema de justicia de responder frente a las controversias que puedan surgir derivadas de ésta.
Se responsabiliza al sistema de justicia, en muchas ocasiones, por ciertos síntomas sociales que ocurren, sin que nadie se ocupe de dotarlo de insumos suficientes para que los órganos jurisdiccionales puedan realizar su trabajo de manera eficiente.
La labor del juez es la de juzgar. Sin embargo, la mayor parte del tiempo los jueces y magistrados se dedican a atender asuntos administrativos. Esta situación aunada a la alta carga de trabajo que tienen algunas judicaturas deriva en que exista notable mora judicial. Lo que significa que la justicia pronta y cumplida está lejos de ser satisfecha.
Este fenómeno es conocido como impunidad, que es la connotación de la inexistencia de responsabilidades, de quienes se escapan de la acción de la justicia. Esto se manifiesta en todas las áreas del derecho, aunque en la penal es más remarcada. Lo cual implica que se debe dotar al Ministerio Público de más herramientas para agilizar su trabajo, sobre todo aquel frente a los tribunales, al ser el encargado promover y dar seguimiento a los procesos. Este vacío que deja la impunidad en la sociedad, convierte ciudadanos en mediocres y desinteresados. Crea una cultura de poca o nula reflexión sobre los derechos que nos pertenecen y condiciona a las personas a pensar que no habrán consecuencias de sus actos: cultura de impunidad.
Hemos notado como la persecución de la corrupción ha llamado a la reflexión del público en general respecto del fenómeno, sus causas y consecuencias. Lo mismo ocurrió respecto de la violencia contra la mujer hace unos años atrás, por poner otro ejemplo. Todo ello ha derivado en legislación, políticas y nuevas herramientas institucionales para combatir esta problemática –que aún existe, pero que cada vez va siendo más focalizada-.
Sin embargo, los procedimientos largos y agotadores para todas las partes, diluyen los efectos positivos que debe traer aparejada el satisfacer el valor justicia en la sociedad. El número de jueces está muy por debajo de la cantidad que debiesen existir para responder a la demanda de justicia –en todas las áreas-. La alta rotación de magistrados y la falta de una carrera judicial seria son otro factor importante en esa debilidad institucional.
Es necesario que exista un consenso nacional respecto de la problemática que apareja el tener un sistema de justicia débil y que todos los sectores estén dispuestos a brindarle de insumos e invertir en fortalecer capacidades para que sea eficiente y eficaz. Esto implica crear una política centrada en brindar un servicio de justicia de calidad para todo el país. Lo que a mediano y largo plazo significará una cultura de legalidad y todos los beneficios sociales y económicos que de ello resultan.
Pidámosle a nuestras autoridades que se fortalezca el sistema de justicia, que es un pilar fundamental en crear un Estado de Derechos y un verdadero sistema republicano.
