Columnas

Niños inocentes a juicio

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En junio pasado se reveló que muchos niños que acompañaban a sus padres en su travesía para alcanzar el sueño americano fueron separados de éstos en la frontera, afectados por la política “Tolerancia cero” impulsada por el presidente estadounidense. Se considera que más de 2,000 niños fueron separados de sus padres.

Los audios filtrados con gritos de angustia de niños y niñas, así como las imágenes de los pequeños en jaulas provocaron fuertes críticas y voces de indignación en todo el mundo, por lo que, ante esa presión, el presidente Trump tuvo que revocar esta cruel medida de separación de niños. Ahora se detiene a los inmigrantes y se les procesa penalmente, pero sin separar a las familias.

La política Tolerancia cero se inició a aplicar el 7 de mayo de 2018, y entre otras cosas, establece que cualquier persona que haya ingresado de forma irregular a Estados Unidos, será retenida, procesada penalmente y esos antecedentes le permanecerán por siempre.

A la polémica se ha desatado una nueva, debido a que los niños separados han tenido que comparecer ante jueces de inmigración, siendo obligados a dar su testimonio.  El proceso se complica con niños y niñas menores de 5 años, porque ignoran qué hacen ahí, no saben de qué país provienen y mucho menos conocen la ley.

Esa audiencia ante el juez es de suma importancia, porque el testimonio es para presentar la historia o el motivo por el cual se abandonó el país, y convencer al juez que se está en peligro en el lugar de origen, al que no se puede volver. Antes se debió preparar documentación que demuestre la necesidad de solicitar asilo por cuestiones de seguridad. Además, deberá responder a todas las preguntas del juez, quien decidirá si cree su historia y cumple con la norma legal de protección.

Los abogados de las ONGs que han acompañado estos juicios expresan su molestia y vergüenza al señalar que algunos menores de edad no logran completar una oración o responder a preguntas sencillas. Incluso, se supo de un niño de 1 año que bebía una botella de leche y jugaba con una pelota.

Además, se toman muestras de ADN para verificar las relaciones familiares, pero sin autorización judicial, lo que puede ocasionar la vulneración de datos personales.

Sin lugar a duda, los menores de edad son sujetos de derechos, pero no pueden tomar decisiones por sí solos porque podrían tomar disposiciones que les perjudiquen por su falta de madurez, y por eso deben comparecer con sus padres o personas encargadas, para que les puedan representar legalmente, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas.   El niño a través de un adulto puede ejercer los derechos reconocidos.

En cierta medida se puede comprender que los padres si puedan ser sometidos a juicio de inmigración por estar en otro país sin documentación, pero no penal, porque una persona no es ilegal en sí misma.  No obstante, someter a niños a juicios de inmigración sin sus padres y sin abogados, va contra toda lógica de un juicio justo, porque vulnera derechos elementales, como el debido proceso, puesto que no se les proporciona abogados para su asesoramiento, por ser un caso civil.

Estados Unidos firmó en 1995 la Convención sobre los Derechos del Niño, pero no la ha ratificado. Esa firma significa que respalda los derechos descritos en esa Convención, por lo tanto, es lamentable esta actitud arbitraria en materia de justicia hacia nuestros niños migrantes.

Sin embargo, ese país en muchas oportunidades se ha caracterizado de tener doble moral a pesar de glorificarse como el “país de las libertades”. Ojalá que un día recapacite y se conduzca por el camino del respeto a los derechos humanos en el tema de migración.

TEXTO PARA COLUMNISTA

Mireya Batún Betancourt

Abogada, Notaria y Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, postgrado en Criminología, especialista en ejecución penal con estudios en Doctorados de Ciencias Penales y Derecho Constitucional Internacional.