¿Prioridad para un mayor crecimiento?
#HaciaLaLibertad
Hace dos días, el CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras) hizo pública la II Encuesta de Percepción Empresarial. En ella se refleja la opinión de los directores de las cámaras empresariales agremiadas que representan las diferentes industrias y servicios que producen riqueza en el país.
De acuerdo con esta encuesta, el principal problema que afecta la inversión en el país es la falta de certeza jurídica y el segundo siguiente problema es la falta de infraestructura y la seguridad. Al preguntarle a los empresarios si invertirían en el interior del país y por qué, el 47% dijo que debido a la inseguridad jurídica no invertirían.
Es verdad que la infraestructura del país es un desastre. Pero eso tiene arreglo fácil. Hay que considerar inversiones privadas y carreteras de peajes. El gobierno no necesita invertir en ellas. Sólo debe reparar las que ellos administran y dejar nuevos proyectos a inversiones privadas. Pero esto no va a venir sólo porque sí. Mientras no exista certeza jurídica nadie o muy pocos quieren invertir en el país.
El problema principal más grave que estamos viviendo en Guatemala y que ha causado que la inversión extranjera directa, así como la local venga reduciéndose es precisamente la certeza jurídica. Las resoluciones que la CC (Corte de Constitucionalidad) ha emitido con un tortuguismo espantoso en casos emblemáticos como el de Oxec y la falta de resolución del caso de la Mina San Rafael tiene paralizada la inversión en el país.
Hace poco más de 20 años Guatemala se unió y comprometió con el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Este convenio requiere un reglamento. Este reglamento lo debió haber hecho el gobierno. Durante mucho tiempo y todavía hoy en día se tiran la pelotita entre los diferentes organismos, aunque al final la tomó el Congreso de la República. Los diputados están a cargo de emitir el reglamento, pero no lo han hecho aún. Mientras tanto, hay un vacío en el tema de las consultas para llevar a cabo un proyecto en el interior del país. Y este tema ha provocado resoluciones injustas y ambiguas para quienes ya habían invertido como lo fue el caso de OXEC y ahora la Mina San Rafael. Lo peor del caso es que estos dos casos, sobre todo el último, ha afectado inversiones en otros sectores que están pendiente de una resolución final favorable a la Mina para sentirse tranquilos y poder seguir invirtiendo o iniciar nuevas inversiones en el país.
Si tuviera que escoger una sola cosa que resolver en Guatemala, la más urgente, a la que le daría toda la prioridad del mundo, sería precisamente la de la certeza jurídica. No pueden venir inversiones si quien invierte se siente inseguro en que luego de hacer toda su inversión se detenga su proyecto. Todos temen que la CC detenga en cualquier momento un proyecto de lo que sea sólo porque no se hizo la consulta del Convenio 169 o bien se hizo con lo que había y no les pareció. Es lo más injusto y arbitrario que pueda haber.
Hay que decir que la CC está, a mi juicio, politizada e ideologizada y está tomando decisiones rápidas cuando les conviene y lentas cuando no. Esa es mi impresión. En el caso de la Mina San Rafael, van aproximadamente 275 sin que la CC resuelva. No creo que sea ineficiencia a pesar de lo complejo del caso, más bien creo que es intencional.
Resolver el problema de certeza jurídica pasa por reformar el sistema de justicia del país, cambiar la forma en que se eligen actualmente jueces y magistrados. No puede ser a dedo. Debe ser por sorteo de los que tienen la capacidad demostrada. Y también se deben cambiar los incentivos de los mismo haciendo vitalicio y remunerando mucho mejor sus puestos.
