Columnas

CICIG: Una estructura criminal organizada

#Kidon

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, se instituyó de manera ilegítima en el país, bajo la falsa premisa de desarticular los cuerpos clandestinos incrustados en el Estado, así como para transferir capacidades de investigación al Ministerio Público.

Hoy, diez años después y luego de más de cien millones de dólares invertidos, podemos concluir que ese experimento social, es inoperante, pues, basta tan solo con revisar los índices de criminalidad del país, para percatarse de que las bandas de sicarios, extorsionistas, violadores, narcotraficantes, mareros, traficantes de armas y de personas, tienen de rodillas a nuestros connacionales y además, constituyen un grave peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América, quienes ven amenazados sus intereses debido al continúo paso de toda clase de alijos por nuestro país, sin que la CICIG tome cartas en el asunto.

Ese mismo tiempo ha servido también, para verificar que la CICIG se ha dedicado únicamente a coaccionar jueces, fiscales y magistrados, para que de manera ilegal emitan órdenes de detención y allanamiento en contra de ciudadanos inocentes, quienes luego son encarcelados de manera perpetua, en total violación a sus elementales derechos constitucionales, tal y como sucedió en el caso de los hermanos Valdés Paiz, donde luego de ocho años de persecución, lograron demostrar su inocencia. De la misma forma, en el caso Pavo Real, donde se encarceló injustamente al doctor Alejandro Giammattei, al empresario Carlos Vielman Montes, al médico Javier Figueroa y al señor Erwin Sperisen, y que luego fueron absueltos en distintos sistemas judiciales del hemisferio.

El caso de las enfermeras del IGSS, recluidas desde hace más de cuatro años sin que hoy hayan resuelto su situación jurídica. O, las persecuciones penales infundadas dirigidas en contra del empresario Max Quirín, de los abogados Moisés Galindo Ruiz y Marco Antonio Rossell, así como de la familia rusa Bitkov. Y que decir, de la golpiza que cobardes guardias del Comisionado, le propiciaron al joven guatemalteco Andrés Zimmeri.

Triste recordar, la muerte en prisión preventiva de los médicos Erwin Raúl Castañeda Pineda y Jesús Oliva Leal. Así como, la del exdiputado Edgar Barquín. La del banquero Flavio Montenegro. El cobarde asesinato del capitán Byron Lima Oliva. O, el supuesto suicidio del licenciado Pavel Centeno. Quienes, dicho sea de paso, murieron inocentes, víctimas de esta estructura criminal organizada.

Y, que decir de los múltiples intentos por defenestrar al Presidente de la República, mediante la presentación de antejuicios espurios, así como la persecución penal ilegitima que se enderezó en contra de su hijo y hermano, por un hecho que no constituye delito. O, el allanamiento ilegal que se realizó en casa presidencial por los esbirros del colombiano.

Hasta llegar al punto, de pretender reformar nuestra Constitución Política de la República por medios no establecidos en la ley, o el intento de robarse las elecciones generales, a través de entrometerse en el Tribunal Supremo Electoral.

A todo ello, habrá que sumar la falta de persecución penal en contra de Thelma Aldana, por su participación en el caso denominado El bodegón, o por la compra ilegal de un edificio en la zona cinco por el valor de treinta y cinco millones de quetzales. Así como, la protección que desde la CICIG se le brindó a la ex jefa del departamento de Operaciones de Extranjería, Mayra Véliz López, responsable de facilitar pasaportes guatemaltecos a extranjeros, en su mayoría árabes. O, la falta de investigación en contra de Sandra Torres, por el delito de financiamiento electoral ilícito por más de veinte millones de quetzales. Así como la responsabilidad penal de varios ex funcionarios del gobierno de la UNE, en los casos conocidos como Transurbano, dragados de Champerico, Sigma, bolsas solidarias, etc.

Con toda certeza coincido, en que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, es una estructura criminal organizada de tipo horizontal, liderada por el Comisionado Iván Velásquez Gómez, quien actúa concertadamente con los extranjeros Luis Fernando Orozco, César Rincón Sabogal, Luz Adriana Camargo, Walther Lozano y Airtor Serrano, quienes con la colaboración de traidores a la patria como Juan Francisco Sandoval Alfaro y supuestos activistas de la mal llamada sociedad civil y la protección del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, así como de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad y algunos Jueces del orden penal, pretenden mediante la comisión de graves hechos delictivos, tomar por completo el control del país, para implantar una dictadura socialista, que a la postre les permita delinquir impunemente, en perjuicio de la nación.

Fue por ello, que la comunidad internacional y en especial varios funcionarios de altura del gobierno de los Estados Unidos de América, así como el embajador Luis Arreaga, manifestaron su irrestricto apoyo a la decisión presidencial de impedir el ingreso al país del señor Iván Velásquez Gómez, debido a los continuos actos de sedición, así como por violentar los derechos humanos de cientos de guatemaltecos. Ese espaldarazo de nuestros vecinos del norte no podrá bajo ningún punto de vista pasar desapercibido por los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quienes deberán entender que otorgar un amparo bajo estas circunstancias, equivaldría a pegarse un disparo en el pié, pues sería una orden ilegal que abriría la posibilidad de procesarlos y encarcelarlos de por vida. Feliz 15 de septiembre, sin intervención extranjera.

TEXTO PARA COLUMNISTA

Raúl Falla

Abogado y notario

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