¿Nuevos aires o viejas mañas?
#PensamientoCrítico
“Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados” – El Talmud
Estamos aproximadamente a un año de que tengamos claros los nombramientos de Magistrados de Salas de la Corte de Apelaciones y Tribunales de la misma jerarquía y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los juzgadores de las más altas Cortes del país serán definidas el año próximo y con ello se pone en juego, nuevamente, el sistema de justicia del país.
Hace un par de años se discutía si era pertinente un cambio en el mecanismo de elección de las personas que ocuparían los puestos de Magistrados dentro del Organismo Judicial; los períodos que deberían ocupar los cargos; en general, un replanteamiento del sistema de justicia en el país. Temas puntuales como la incorporación del derecho indígena o la eliminación del antejuicio desviaron la temática central que es: el sistema de justicia en Guatemala vive en la precariedad.
El fortalecimiento al sistema de justicia debe ser una prioridad para el país. Sin embargo, algunos sectores de poder prefieren que el status quo judicial se mantenga, en detrimento del desarrollo de la democracia.
Dentro de la democracia el poder judicial resulta un elemento imprescindible para su fortalecimiento. Emprende un papel elemental, que trata la interpretación y cumplimiento de las leyes. Constituye un pilar de la democracia. Al Organismo Judicial se le ha delegado la competencia de impartir justicia, la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Así como se ha establecido el principio que los jueces tiene la obligación y el derecho de ejercitar estas facultades de forma independiente, sujetos únicamente a la Constitución Política de la República y a las leyes.
Pese que el poder judicial constituye uno de los tres poderes del Estado, junto con el ejecutivo y legislativo. En la percepción del ciudadano, en general, este viene a un segundo plano. Se le otorga importancia hasta que, siendo usuario o mediante experiencia de usuarios cercanos a este, se ven víctimas del mismo, es que reflexionan en la importancia del mismo.
El sistema de justicia, en general, debe ser fortalecido. Preocupante resulta que las cifras muestran que existen menos de 3 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio de la región latinoamericana está por los 10 jueces respecto de dicha cantidad de personas.
Pese a los reiterados intentos de crear un sistema de justicia más justo, persiste la resistencia política de dotarlo de más recursos e insumos que permitirían tener una percepción diferente del valor justicia en el país. La publicidad de los procesos penales que han destapado redes criminales dentro del Estado y la lentitud con que se han llevado los mismos, ponen en evidencia que el sistema de justicia requiere de recursos y herramientas para cumplir con su trabajo y responder a la premisa de “justicia pronta y cumplida”.
Mientras el sistema no se reforme, mantendremos la forma de elección de Magistrados mediante Comisiones de Postulación. Mecanismo que no ha mostrado dar los mejores resultados. Se seguirá primando las decisiones políticas al nombramiento de estos, frente a promover la carrera judicial. Cada cinco años deberemos estar vigilantes de este proceso, el del año entrante no será la excepción, con la esperanza siempre que los nuevos nombramientos se dé la oportunidad de una depuración, nuevos aires, y que las viejas artimañas lleguen a desaparecer.
