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Carlos Vielman, un secuestro más de la CICIG

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RAUL FALLA

#Kidon

Hace unas semanas, los guatemaltecos nos sorprendimos ante la noticia de que el ex Ministro de Gobernación y mandos policiales de la época, serían nuevamente juzgados por el operativo que se lanzó para recapturar a peligrosos delincuentes fugados de prisión, pues, algunos fallecieron al enfrentarse a balazos con los agentes policiales.

Al parecer, la CICIG y el Ministerio Público, olvidan las garantías elementales de todo proceso penal, tales como el non bis in ídem y la cosa juzgada. El primero, relativo a que una persona no puede ser juzgada dos o más veces por el mismo hecho; mientras que el segundo, implica la preexistencia de una sentencia judicial firme sobre un hecho determinado, haciendo así imposible abrirse un nuevo juzgamiento.

Ello obedece, a que hace algunos años en distintos tribunales del planeta, se juzgaron a estos ex funcionarios, quienes luego del proceso respectivo, fueron declarados inocentes de todo cargo, pues, se logró determinar que las muertes de los criminales fugados ocurrieron como consecuencia de oponerse violentamente a su recaptura.

Hoy, el Ministerio Público y la CICIG, de manera maliciosa pretenden de nuevo reabrir este caso y fundamentar el mismo con base a declaraciones de peligrosos asesinos, secuestradores, descuartizadores y pedófilos de la peor calaña, a quienes, a cambio de obtener su libertad y otras prebendas económicas, los han convertido en colaboradores eficaces, capaces de incriminar a quienes los redujeron al orden y los refundieron en prisión.

Por fortuna, el tiro les salió por la culata pues, la indignación social que causó la noticia de la liberación de estos criminales, causó un estupor social que socavó incluso a los propios defensores de esa entidad internacional, quienes de forma pública manifestaron su repudio total, ante el hecho de que la CICIG, pretenda nuevamente abrir un caso sobre el que pesa la autoridad de la cosa juzgada y más aún, que se preste a utilizar como testigos protegidos a peligrosos delincuentes a cambio de su excarcelación.

Ante ello, se hace necesario e imperativo que la juez de Mayor Riesgo, Claudeth Domínguez, haga valer la independencia judicial de la cual está investida y de manera valiente, objetiva e imparcial, resuelva que los hechos imputados por el Ministerio Público y la CICIG, no son constitutivos de delito, primero, por haber sido previamente juzgados y absueltos los sindicados, y segundo, porque la declaración de los colaboradores eficaces, carece de toda idoneidad para ser tomadas como válidas en un proceso penal. Consecuentemente, deberá declarar la falta de mérito a favor de todos los procesados, quienes deberán recuperar su libertad de forma inmediata.

Seguido a ello, la juez deberá certificar lo conducente en contra de Juan Francisco Sandoval Alfaro, así como en contra de los demás agentes fiscales que se prestaron al sucio juego de manipular la justicia, a efecto de que sean investigados y encarcelados por violentar las garantías individuales del Debido Proceso y la Certeza Jurídica.

Con posterioridad, corresponderá a los directamente afectados acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a denunciar las violaciones a sus garantías individuales por parte de la CICIG, solicitando la aplicación de la Ley Global Magnitsky en contra del Comisionado Iván Velásquez Gómez. Mientras que, al Presidente de la República le corresponderá acudir ante el Tribunal Internacional de Justicia, a denunciar el tratado suscrito entre el Estado de Guatemala y la Secretaría General de las Naciones Unidas, a efecto de dar por terminado de una vez por todas y de forma inmediata, con este experimento ilegal e inmoral, procediendo también a expulsar del país, a todos los extranjeros que laboran en la CICIG.

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