Presupuesto general: El inicio de otro ciclo corrupto y destructivo

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Esta semana el congreso concluyó la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos del estado para el año 2019 por un monto superior a los Q87 mil millones. El mismo contempla un déficit de más de Q19 mil millones a financiarse con la creación de más deuda pública, bajo el supuesto que la recaudación fiscal será de Q68 mil millones, lo cual es una especulación bastante ambiciosa y poco realista tomando en cuenta la recaudación real histórica y la desaceleración económica que atraviesa el país. Aparte de este déficit presupuestario de un otrora inimaginable 22%, hay otras peculiaridades que también llaman la atención. Se dieron readecuaciones que en principio permitirían mayor disponibilidad de recursos tanto para el Organismo Judicial como para el Ministerio Público. Se accedió a las exigencias tanto de la Universidad de San Carlos como de los médicos del sector público para incrementarle el presupuesto y proporcionar aumentos salariales, respectivamente. Y, algo verdaderamente inaudito y sin precedentes, se destinaron Q23 mil millones para la contratación de plazas temporales, lo que demuestra que la corrupción es creativa y no reconoce límites. Adicionalmente a ello queda la enorme cantidad de bolsones y programas clientelares, que deberán ser objeto de un escrutinio mucho más detallado, pero que lógicamente se entiende que obedece a dos razones generales. Primero, constituyen el precio que los diputados afines al oficialismo deben pagar a los diputados “opositores” para la compra de los votos necesarios requeridos para aprobar el presupuesto en la medida de los recursos que el oficialismo quiere tener a su disposición, en buena medida para despilfarrar y robar. Segundo, estos son los mecanismos que sirven a los diputados, a sus alcaldes y a sus partidos en general para promover su imagen, sobre todo de cara al próximo proceso electoral, y sobre todo para agenciarse de recursos mediante contrataciones públicas, en buena medida bajo el esquema de colusión con los contratistas, sobrevaloración de obras y la corrupción rampante.

En cuanto al déficit, dado el historial de ejecución presupuestaria, es probable que no alcance la cantidad prevista en su totalidad, como también es probable que no se aprueben todos los incrementos en la deuda pública para financiarlo. No obstante, el impacto negativo en la economía de cualquier déficit fiscal es innegable e ineludible. Más aún en el caso de Guatemala, donde con mayor frecuencia los aumentos en el endeudamiento público que se originan en déficits presupuestarios irresponsables sirven para financiar gastos corrientes, principalmente de una burocracia creciente, innecesaria e ineficiente, y no para financiar proyectos de inversión, en infraestructura por ejemplo, que podrían tener algún impacto económico positivo. Económicamente, el único caso en que se podría argumentar que un déficit fiscal tendría un efecto positivo es si la tasa de retorno de la inversión pública financiada con deuda es superior a la tasa de interés que se paga por la deuda pública, lo cual es altamente improbable, sobre todo en un contexto como el guatemalteco. Dado que la tendencia creciente en Guatemala es que el gasto público aumente irresponsablemente, y a la vez se incremente la deuda pública para financiarlo, el impacto de dichos déficits presupuestarios solo puede ser negativo. Por un lado, se usa deuda para financiar actividades no productivas y que no generan valor en la economía, y por ende no generan crecimiento económico; entiéndase gasto en burocracia innecesaria y programas que solo extraen recursos del sector productivo del país, así sea de forma diferida, y que solo se convierten en focos de corrupción, de clientelismo populista y corrupto, y que sacrifican el crecimiento económico sin reducir la pobreza. Por otro lado, esa deuda eventualmente habrá de pagarse con recursos que solo pueden provenir de más impuestos, de manera que en un futuro no muy lejano la irresponsabilidad de un gasto público desmesurado se traducirá en un incremento en la carga tributaria para la reducida base tributaria que la soporta y que ya está ampliamente castigada. Ello, con el consiguiente efecto de que con el incremento de impuestos invariablemente se reduce la capacidad de inversión, lo cual a la vez reduce la generación de fuentes de empleo, agravando la situación de pobreza en el país. También se debe considerar que en la medida en que la deuda pública del país se incrementa, también aumenta el riesgo sobre la misma, lo cual se ve reflejado en la tasa de interés que el estado debe pagar al colocar dicha deuda. Esto a su vez significa, primero, que deberemos destinar cada vez más recursos, entiéndase impuestos, para pagar la deuda. Y, segundo, que esto le pone presión al alza a las tasas de interés en general, haciendo más costoso el financiamiento para inversiones productivas, nuevamente desincentivando las inversiones de capital que generan fuentes de empleo, empeorando el circulo vicioso y destructivo de la economía que se genera con un gasto público elevado e irresponsable.