Mortalidad neonatal en Guatemala

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El 2 de septiembre de 2018, muchos guatemaltecos respondieron al llamado de la iglesia católica y acudieron a la marcha por la vida, que bajo el lema “si a la vida y a la familia” se opusieron al aborto en Guatemala y se constituyeron en la voz de los no nacidos para evitar sus muertes.

Sin embago, es lamentable que a la fecha no se realicen convocatorias similares para exigir al Estado de Guatemala que ofrezca servicios básicos de salud adecuados a las comunidades más pobres de nuestra nación, con la finalidad de reducir las defunciones de neonatos (recién nacidos) derivados por un acceso insuficiente de  atención médica en las áreas rurales donde hay déficit de atención en salud primaria, que provocan muertes en cifras análogas a las que se reportan provienen de la práctica de abortos.

Guatemala es un lugar en dónde la niñez está indefensa. Su peor enemigo es la corrupción y la negligencia de muchos operadores estatales, que al sólo importarles sus propios intereses,  no apoyan programas dirigidos a brindar servicios de calidad en salud pre y postnatal. Institucionalmente  la vida de los bebés no se aprecia porque por este abandono no se les garantizan ni protegen los derechos reconocidos en la Constitución. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los cuidados prenatales si se prestan en el tiempo oportuno y con prácticas apropiadas con base en datos objetivos, puede salvar muchas vidas.

Según la VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), los “primeros años de vida para cualquier niña o niño son cruciales y determinantes en su capacidad para desarrollarse integralmente en la vida adulta. Sin embargo, para un alto porcentaje los primeros cinco años de vida son decisivos debido a que deben hacer frente a la pobreza, a la desnutrición, a enfermedades (muchas veces prevenibles) y a múltiples amenazas sociales, ambientales y económicas.”

De conformidad a dicho documento, en nuestro país, aproximadamente se atienden 500 mil nacimientos al año.  Cada año fallecen unos 46 mil recién nacidos, lo cual equivale a una mortalidad neonatal de 17 muertes por cada mil niños nacidos vivos.  Esta tasa de mortalidad de recién nacidos es una de las más altas de Latinoamérica, solo abajo de países como Haití y Bolivia.

Estas muertes neonatales son debido a las condiciones del embarazo y parto. La principal causa en esos casos es por prematuras y sus consecuencias, infecciones neonatales, enfermedades pulmonares y asfixia, que ocurren en poblaciones con un alto nivel de ruralidad, mayores porcentajes de población indígena, y en lugares donde se ofrece por la red nacional de salud una deficiente atención en salud e infraestructura.

Las defunciones en neonatos, en un alto porcentaje son prevenibles por mejoras en la calidad de atención prenatal  y en la atención inmediata por personal calificado del recién nacido en el momento del parto. Por ello, entre los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030 figura reducir la tasa de mortalidad neonatal a 12 por cada mil recién nacidos vivos, lo que implicaría disminuir un 5 por mil nacidos vivos.

La OMS promueve cuatro estrategias para reducirlas: cuidado domiciliario apropiado y tratamiento oportuno de las complicaciones en los recién nacidos; atención integrada a las enfermedades infantiles en todos los menores de 5 años; programa ampliado de inmunización y alimentación del lactante y del niño pequeño. En esta última estrategia, una de las recomendaciones principales es la lactancia materna exclusiva.

En otros países de América Latina se usan diversas medidas para lograr la meta, entre otras, formación de recursos humanos; desarrollo de educación médica, construcción de facultades de Ciencias Médicas y capacitación del posgraduado; edificación de hospitales, programas de Atención Materno infantil; la construcción de unidades de terapia intensiva con equipamiento moderno tanto en pediatría como en neonatología.

Sin embargo, en Guatemala no obstante los datos presentados por el Ministerio de Salud en la encuesta nacional, no se visualiza una estrategia definida propia para disminuirlas. Es fácil deducir que para alcanzar el cometido para el año 2030 es urgente implementar una táctica a nivel nacional para el desarrollo de la atención primaria de salud en lugares rurales y con poblaciones menos favorecidas donde mayormente se ha detectado la presente problemática, con la finalidad de mejorar equitativamente el acceso y la calidad de los servicios de salud a estos grupos sociales.